Por algo será

La ciudad continúa convulsionada por los siniestros efectos que produjo el otorgamiento de un permiso, a todas luces ilegal, inmoral e inconstitucional, por parte del Concejo Municipal porteño a unos empresarios para que establecieran una almacenadora en una zona residencial del municipio. El caso no raya en lo increíble sino que va más allá, es una clara demostración de la incapacidad e improvisación a que está sometido Puerto Cabello por parte de las actuales autoridades gubernamentales.
La pretendida permisología puede ser analizada en dos vertientes: la primera, como una irresponsabilidad de los concejales de otorgar un permiso para que funcionara la almacenadora sin tomar en cuenta el impacto ambiental, de tránsito, y mucho menos los efectos que iba a causar en la vida de los habitantes de sectores como Bartolomé Salom, Paralelo 38 y Barrio Escondido.
En un hecho sin precedentes se dio permiso para que se instalara el abuso en contra del pueblo, no de parte de los empresarios, sino de los conductores llamados “caravaneros” que andan en la vía como alma que lleva el diablo, abusando y causando accidentes, actitud que los únicos que la desconocen son quienes levantaron sus manos, algunos dicen que las dos, para aprobar el permiso.
La segunda vertiente de análisis es que sabiendo los concejales que son incompetentes para tratar el citado caso, no le pararon a la legalidad y se desbocaron a dar un permiso a que a la postre resultó nulo de toda nulidad, como bien lo dijo Iskra Vargas, directora de Servicios Públicos de la Alcaldía. El iniciativa empresarial fue burlada por el comportamiento ilegal de los concejales que además le causaron perjuicio económico porque según los entendidos en la materia el movimiento de tierra que se hizo en el terreno tiene un valor aproximado a los 600 millones de bolívares, pérdida de la que nadie se hará responsable. Es decir, un grupo de concejales de reúnen para analizar una solicitud de unos empresarios y sabiéndose incompetentes para complacer la petición la dan aun sabiendo los perjuicios que ocasionarían, las perdidas generarían y la mala imagen que le harían a los solicitantes.
Otro hecho que debe ser analizado es que al momento de defenderse algunos de los que se sintieron afectados por las críticas encendieron el ventilador y comenzaron a echar “paja” para todos lados. La defensa-acusación más importante fue la del presidente del Concejo Municipal, médico Fernando Arévalo, quien sin ningún tapujo informó que el jefe de Rentas Municipales, Jorge León, le confirmó, supuestamente, “que la mayoría de los establecimientos donde se guardan carros funcionan sin permiso”. Si lo que dice Arévalo es cierto “esto es para coger palco”, como se dice popularmente, el propio jefe de Rentas sabe y conoce que existen empresas funcionando sin permiso y no ha hecho nada para cerrarlas, siendo esa su competencia y su misión de trabajo. En qué quedamos entonces: ¿incompetencia? ¿Debilidad? ¿Complicidad? O ¿vagancia? Porque no es ceguera porque según Arévalo se saben donde están ubicadas.
Mención aparte merece el intento irresponsable, vago y alegre, de achacarle la responsabilidad de todo a la arquitecto Yaneth Doumet de Alcalá. Quisieron ensuciarle su hoja de servicio pero no pudieron por dos razones: primero, no fue ella quien firmó el permiso para que funcionara la almacenadora y segundo, todos en Puerto Cabello conocemos la personalidad de Yaneth, una funcionaria que le queda grande al actual gobierno municipal. Honesta, decente, responsable, trabajadora, prístina en su actuación y con una hoja de vida límpida.
Hay que reconocer la actitud gallarda de Iskra Vargas y Yaneth de Alcalá, quienes fueron las únicas que salieron a dar la cara por el gobierno local para aclarar toda la situación. Los demás funcionarios y el propio mandatario quedaron en silencio y escondidos, era obvio que eso sucediera pues nadie quería quedar mal con los empresarios, por algo será.

Se cayeron las máscaras

Completamente pulverizadas quedaron las intenciones del alcalde Osmel Ramos de controlar “por aplastante mayoría” los delegados al congreso fundacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, en representación de Puerto Cabello. Antes de su caída el mandatario se llevó por delante las aspiraciones de uno de los posibles candidatos a sucederlo en el cargo, quien pacientemente aceptó las designaciones de su jefe político.
De acuerdo a las proyecciones que realizan cada una de las tendencias que se mueven dentro del Psuv, aunque muchos no quieran aceptarlas públicamente, de los doce delegados escogidos el pasado sábado siete están vinculados con la línea política de Xiomara Luna y el gobernador del estado Carabobo; tres estarían relacionados con el alcalde Ramos, con la posibilidad de quedar solamente con dos; y los otros dos estarían en las cuentas de otra tendencia chavista que algunos identifican como el Frente Francisco de Miranda.
Una fuente íntimamente ligada al alcalde Ramos reveló que éste hizo esfuerzos extraordinario, de todo tipo, para controlar la nueva estructura partidista, sobretodo de los ungidos para asistir al congreso fundacional del partido, pero el resultado le fue adverso aunque dentro de su tendencia logró imponer su parecer.
Cuentan que pocas horas antes del proceso eleccionario se produjo una reunión tipo cumbre en la que, haciendo uso de la democracia participativa, precisamente le participaron al médico José Barbur que debía declinar sus aspiraciones a favor de la esposa del alcalde, Fanny Rendón. Visto que no lograron convencerlo tuvieron que ordenar que entonces que se midieran internamente resultando ganador Héctor Cabrera, preocupado dirigente vecinal del barrio Bartolomé Salom, como representante del “osmelismo”, quien valientemente no bajó la cabeza, como hicieron otros, y a la postre se alzó con la representación de su circunscripción. Ahora Cabrera enfrentará la arremetida del poder porque ya se habla en el Concejo Municipal de su posible destitución porque “desafió y desobedeció al amo”.
Toda esta situación nos evidencia, una vez más, que como dicen en la cúpula del chavismo, aguas abajo la revolución continúa impregnada de las maléficas actuaciones que se dieron en la llamada cuarta república. Que pese a la intención del presidente Hugo Chávez de conformar un partido político fuerte, alejado del clientelismo, del amiguismo y de los maletinazos, en algunas zonas del país la actitud de algunos dirigentes, sobretodo de quienes detentan el ocasionalmente el poder, es contraria a sus lineamientos.
Persecuciones, intrigas, chismes, malos comentarios, cálculos pragmáticos, maniqueísmo, hipocresía, compra de conciencia, trampas y otras cosas más continúan estando presente en el actuar de algunas dizque personalidades que por un lado se dan golpes de pecho hablando de unidad y desprendimiento, estando realmente carcomidos por la mala intención.
Sin embargo, el pueblo es sabio y paciente, como lo dijera Alí Primera, escuchó todos los planteamientos que le hicieron, todas las mentiras que inventaron, las trampas que montaron, y el dinero que repartieron se los tomaron y votaron en contra para castigarlos por la mala gestión que han hecho al frente de los destino de Puerto Cabello.
Quiero hacer mención especial a la trampa burda que le hicieron a la extraordinaria dirigente social y vecinal Anaís Parada. Una mujer que trabaja de sol a sol por el barrio El Milagro y mucho más allá. Anaís fue víctima de la confabulación de las fuerzas del gobierno municipal. Pero hay algo muy valioso que debemos tomar en cuenta: pese a las llamadas, las presiones, los derroches, la opulencia, el acarreo de personas en carros públicos y la asistencia de funcionarios municipales a votar, Anaís Parada perdió apenas por cinco votos en una circunscripción en la que se enfrentó al poder de Osmel Ramos. Ánimo Anaís, todos conocemos lo que vales, ellos con todo lo que tienen apenas sacaron cinco votos más que tú. Imagínate lo que les espera.
Diga usted señor alcalde para qué quería controlar los delegados al congreso fundacional y para qué sueña con controlar el Psuv porteño, si no es para imponer a alguien que dé continuidad a su “exitosa” gestión de gobierno, exitosa para usted únicamente. El resultado que arrojó el proceso del sábado es una pequeña muestra de lo que lo espera aguas adentro en el Psuv. Las máscaras ya no valen, están vencidas y por eso se cayeron. La sombra de la soledad sigue sobre usted.

Puerto Cabello no puede morir a pedazos

Por todos es conocido el descontrol que existe en todos los rincones de este municipio, respecto al tránsito de gandolas y camiones por vías urbanas, interurbanas y extraurbanas. Miles han sido los accidentes causados por la inobservancia de las normas para la circulación de vehículos y otros por la indolencia de algunos conductores que se sienten superdotados cuando van al frente de una de esas máquinas.
Además de la necesaria protección de la vida de los porteños que todos los días se sienten agobiados por las altas velocidades que alcanzan las gandolas y camiones a su paso por cualquier calle o avenida de Puerto Cabello, es urgente proteger la infraestructura pública, los bienes del municipio, que hasta ahora han caído en el olvido y descuido de quienes fueron investidos de autoridad para preservarlos.
Como lo he dicho en oportunidades anteriores, todas las calles, avenidas, caminos, veredas o autopistas que existen en este municipio están completamente destrozadas. Para nada han servido los llamados operativos de bacheo o las reconstrucciones de pavimento. Si logran tapar un hueco, los más pequeños normalmente, con el transcurrir de las semanas, o a veces días, éstos vuelven a aparecer ante la mirada insolente e irresponsable de las autoridades.
Reitero, basta con pasearse por las urbanizaciones Rancho Grande, Santa Cruz, San Esteban, Los Lanceros, Segrestaa, La Sorpresa, Libertad o centro de la ciudad, por decir algunos, para se constate el desastre, el caos, vial que vive Puerto Cabello. Huecos por todos lados, vías inservibles, colapsadas, destrozadas, vehículos dañados, y más, sin que hasta ahora salga alguien investido de autoridad a asumir su responsabilidad y decirle al pueblo que han fallado o más bien que han fracasado en su intento por “cuidar” a la ciudad.
Por otro lado, a cada instante se vive en nuestro municipio la indolencia de aquello que se suben a una gandola o un camión y se sienten que están destinados por Dios para atropellar a quien sea. Los ejemplos sobran: en la prolongación de la calle Puerto Cabello, en la zona de la Escuela de Molinería, los gandoleros hacen lo que les da la gana, se atraviesan, dan la vuelta en “U”, se estacionan en cualquier sitio de la vía y nadie les pone orden. Los alrededores de la estación de servicios Miranda los convirtieron en un estacionamiento público de gandolas, al igual que en las adyacencias de residencias Puerto Dorado, solo por citar dos zonas en las que las gandolas tienen luz verde para estacionarse o movilizarse a los antojos de sus conductores sin que haya alguien que los frene.
La Constitución Nacional es muy clara en su artículo 178, en su ordinal 2, cuando establece que es de la competencia del Municipio “la vialidad urbana; circulación y ordenación del tránsito de vehículos y personas en las vías municipales; servicios de transporte público urbano de pasajeros y pasajeras”.
La competencia está claramente establecida y la incompetencia también es evidente. En Puerto Cabello no hay política de mantenimiento y preservación de la vialidad urbana. Mucho menos hay respuestas a los reclamos del pueblo. Por ello, se hace necesario que alguna autoridad asuma la responsabilidad de hacer los correctivos que sean necesarios. Si lo hace el gobernador bienvenido sea. Nadie puede decir ahora que el estado no tiene competencia para emitir un decreto de regulación de paso de gandolas en Puerto Cabello, solamente por preservar un puesto burocrático o por continuar destruyendo a la ciudad. La incapacidad de quienes sí tienen ese deber es manifiesta pero eso no significa que Puerto Cabello tenga que morir a pedazos, como ellos quieren.
La ciudad sigue a la espera del decreto que emitirá el gobernador de Carabobo, Luis Felipe Acosta Carlez, referido al control de la circulación de vehículos pesados por todo el municipio porque se trata del único esfuerzo gubernamental que no solo remediará en parte la zozobra que vive Puerto Cabello con el paso de gandolas, sino que preservará la vida de todos quienes habitamos en esta tierra que se niega a morir.

Tienen la agenda vacía

Desde hace varios meses se discute en sectores políticos del gobierno, regional y local, lo atinente a la inversión del famoso 12,5% de los ingresos brutos del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello en la ciudad. Sobran los comentarios y consideraciones acerca de la pertinencia o no del aporte que debió recibir el municipio, por vía de la Ley General de Puertos, visto que el artículo que ordenaba ese aporte fue anulado por el Tribunal Supremo de Justicia.
La polémica que existe aún en la ciudad no se refiere ni a lo que se hará con esos recursos, ni lo que se ha dejado de hacer, ni mucho menos se dice en cómo cambiará la vida de los porteños con esas inversiones. Lo único que ha preocupado hasta ahora es el monto del dinero y la fecha para la transferencia de los recursos, mientras tanto que el municipio continúe hundido en el abandono, la innumerable cantidad de problemas y la miseria.
Nuestros gobernantes, unos y otros, se preocupan más por decir públicamente que necesitan los recursos del Ipapc, otros les dicen a las comunidades que nos los ayudan más porque le quitaron el dinero del puerto, otros por su parte dicen que sí están invirtiendo en Puerto Cabello y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, mientras que unos pocos dicen tímidamente que tienen sus cuentas claras, pero la realidad que vive todo el municipio es otra.
Desde el punto de vista de la vialidad, calles, avenidas, caminos, autopistas, toda infraestructura por donde circulan vehículos está destruida. Basta pasearse, por ejemplo, por el final de la avenida Bolívar en la urbanización Rancho Grande para darse cuenta que las condiciones de las vías no le importa a nadie, o por la primera calle de Segrestaa frente a León Frenos, o por cualquier calle de El Milagro, La Sorpresa, Santa Cruz o Cumboto Dos, la destrucción es total.
Si hablamos de empleo el padecimiento es mayor. Además del ya archiconocido nivel de desempleo que existe en Puerto Cabello ahora se le suma la imposibilidad que tienen algunos trabajadores informales para entrar a los muelles porteños. Fueron expulsados como un coroto dejándoles frías en las manos el medio con el que se ganan el sustento diario de sus familias.
En materia de seguridad el caos es mayor. Altos índices de criminalidad, robos por todos lados, asaltos a mano armada a cualquier hora del día, estafas, todos los modelos criminales hacen de las suyas en nuestro municipio sin que las autoridades políticas hagan algo. Solo los cuerpos de seguridad y la Guardia Nacional dan respuesta al pueblo, los demás se quedan en reuniones improductivas o en declaraciones de funcionarios incapaces e incompetentes.
El problema habitacional también azota a los porteños. Ya son incontables las veces que han ofrecido viviendas, “soluciones habitacionales” tanto a las familias que vienen en zonas de alto riesgo como a aquellos que necesitan un techo donde vivir. Los proyectos van y vienen, mientras la gente sigue esperanzada en que algún día verán resuelto su problema.
Vialidad, empleo, seguridad, vivienda y salud, cuatro de los innumerables temas fundamentales de la realidad del venezolano, y en especial de los porteños, que deberían estar presentes en la agenda de todo gobernante que se precie de tener sensibilidad social. Para liderar la búsqueda de soluciones a esas vertientes no se necesita únicamente capacidad y competencia sino sentir la necesidad del pueblo. Cinco temas que no se resuelven con vociferar alegremente, como dementes, que necesitan los ingresos del Ipapc. Nadie puede esconderse bajo el manto de las “atribuciones legales”, ya se los dijo el mismo presidente Chávez el 12 de noviembre del 2004 cuando lanzó la llamada “nueva etapa de la revolución” y les advirtió: El primer deber de ustedes es atender la pobreza. Que no tengo Presupuesto. Bueno, y quién dijo que tú llegaste aquí para que pidas presupuesto todos los días. ¿Y si no hubiera dinero, si no tuviéramos petróleo? Renuncia entonces. Un líder verdadero tiene que definirse, buscar las mil maneras, irse a pescar al río él mismo con 20 más, a las 4 de la mañana todos los días para sacar lo que pueda y vender eso donde puedan, para recoger y hacer un fondo, irse por la sabana a ver. Mire, señor usted tiene 20 vacas, esa que está flaca, démela acá, yo la engordo, vamos a hacer un fondo comunal de vacas. Mira, tú, tienes 100 hectáreas, dame acá 2, chico, y empieza el pleito ahí todos los días, dame acá 2. “Soy el alcalde de aquí, necesito esas dos hectáreas.” “¿Para qué?” “Para que los que no tienen nada vengan a sembrar, y además necesito que me dejes ahí una semilla de maíz de esa que tienes ahí, vale.” Es una pelea con los pobres, una batalla por los pobres.

¿Por qué el desespero?

Totalmente desproporcionada ha sido la actuación del Concejo Municipal de Puerto Cabello en el caso de la adquisición de un edificio de apartamentos para transformarlo en uno de oficina. Una vez más reitero que el Ayuntamiento está en todo su derecho de adquirir una sede para ejercer sus funciones, aunque no me termino de convencer del valor de la transacción, pero es completamente criticable la forma como hace ejercer su autoridad en contra de los inquilinos del edificio.
En días pasados ocurrió un caso que raya en la vulgaridad, un atropello evidente no sólo a la privacidad que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en este planeta, sino que se constituyó en un hecho que ligeramente pudo haberse catalogado como un robo, si no estuvieran sucediendo algunas situaciones.
Resulta que de manera sorpresiva a uno de los apartamentos del famoso edificio penetraron dos hombres que con llaves en mano comenzaron a hacer mediciones para las reparaciones que necesitan para convertir la sala, la cocina, las dos habitaciones, el baño y el patio en unas modernas oficinas.
Lo grave del asunto es que dentro de una de las habitaciones estaban descansando plácidamente, después del almuerzo, una familia que quedó aterrorizada al constatar que personas “extrañas” tienen las llaves del apartamento y que pueden entrar cuando quieran pues son funcionarios del Concejo Municipal y nuevos propietarios del edificio.
Afortunadamente el hecho fue subsanado con la explicación de los dos trabajadores, quienes por cierto también quedaron sorprendidos al ver que en el apartamento habían inquilinos. A quienes ordenaron a los trabajadores entrar a los apartamentos poco les interesó revisar el estado en que se encuentra el edificio, imaginemos por un instante qué hubiese pasado si en vez de estar durmiendo cualquiera de los integrantes de esa familia hubiese estado en el baño o si uno de los inquilinos portara un arma de fuego ¿qué hubiese pasado?
Esta actitud del Concejo Municipal de Puerto Cabello, o de quien haya dado la orden, viola flagrantemente lo estipulado en el artículo 20 del DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS el cual establece “Si durante la relación arrendaticia, por cualquier causa, el inmueble arrendado pasare a ser propiedad de una persona distinta del propietario-arrendador, el nuevo propietario estará obligado a respetar la relación arrendaticia en los mismos términos pactados, y las acciones relativas a la terminación de la relación arrendaticia sobre el inmueble sólo podrán tramitarse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley”.
Sigue resultando a todas luces increíble que el Concejo Municipal haya adquirido una edificación habilitada para viviendas para transformarla, usando el dinero del pueblo que muy bien pudiera invertirse en otra necesidad, y hacer uso de ella como un complejo de oficinas. Nadie puede creer que en Puerto Cabello no existan unas instalaciones que estén en capacidad de albergar las arduas tareas de los concejales, totalmente acondicionadas como oficinas, sin que tenga que mediar la conversión o transformación que ahora requieren.
Saquemos una cuenta, como se dice popularmente a vuelo de pájaro: si el edificio tiene cuatro pisos habitables y costó la bicoca de 1.600 millones de bolívares, eso significa que cada piso tiene un valor de 400 millones de bolívares, es decir, el local donde funciona una conocida venta de repuestos cuesta 400 millones de bolívares, al igual que la sala de fiestas que está en el tercer piso; mientras que cada uno de los cuatro apartamentos cuesta 200 millones de bolívares, puesto que hay dos por cada piso. ¡Imagínense el costo de esos apartamentos en Cumboto Norte o Sur! Esto sin hablar del famoso estacionamiento. Apenas caben cuatro o cinco carros pegaditos y el que entre de primero tiene que esperar que los demás salgan para poder salir porque no fue hecho para que entren los 12 carros que dice el presidente del Concejo.
Insisto, una vez más, para no herir susceptibilidades ni para que se tomen del cabello aquellos funcionarios con piel de gallina: si la compra es legal, si no hay nada que esconder, si todo está más claro que el agua, entonces ¿por qué razón no actúan por el camino legal? Lo lógico es que hubiesen comprado ese edificio, si es el que más les gusta, sin ningún inquilino y transformarlo como mejor les plazca, y en caso de haber inquilinos, como los hay, denle el plazo que ordena la ley para la desocupación, por qué el atropello, o mejor dicho: ¿Por qué el desespero? ¿Será que el tiempo los asfixia?

Hay gato encerrado

Totalmente incomprensible resulta la posición que ha asumido el alcalde de Puerto Cabello respecto a las recomendaciones que desde la Contraloría Municipal le señalan que deben revisarse bien algunas partidas presupuestarias, de ciertas obras, antes de proceder a la entrega de dinero para las contratistas.
Por todos ya es conocido que desde hace algún tiempo el contralor José Francisco Rodríguez ha estado ordenando la realización de informes y evaluaciones a las obras que ejecuta el gobierno municipal, como parte de su tarea de garantizar el uso correcto del dinero del pueblo, en este caso del dinero de todos los porteños.
También ha sido evidente la actitud asumida por el alcalde Osmel Ramos de desatender a las recomendaciones de la contraloría, y en ejercicio de su soberanía administrativa ha echado al cesto de la basura todos los documentos que le han sido entregados en los que se relacionan algunas irregularidades, anormalidades, anomalías, inconsistencias o mala ejecución de trabajos, como quieran llamarlo.
Normalmente el ente contralor es el indicado para señalarle a cualquier funcionario el camino correcto que debe transitar para el buen uso de los recursos económicos, para la buena ejecución de trabajos, para la correcta aplicación o ejecución del presupuesto. En tiempos pasados los gobernantes, incluido el actual de Puerto Cabello, se daban golpes de pecho y exhibían con orgullo que la contraloría municipal les diera el visto bueno para todas las ejecutorias, al punto que en sus mensajes con motivo de la Memoria y Cuenta eso era lo que resaltaba: nuestra gestión es limpia, cristalina, transparente y honesta y así lo avala la contraloría, recuerdo que decían.
Hoy la realidad, extrañamente es otra. En los últimos meses desde el despacho contralor le han hecho observaciones a Ramos, todas referidas a la prestación de servicios públicos, ejecución de obras, entrega de trabajos, por decir algunos, y hasta le han pedido que suspenda la cancelación de algunas partidas hasta que se aclare el panorama sin que hayan sido tomadas en cuentas esas recomendaciones.
Por solo citar algunos casos podemos recordar que le entregaron una lista de empresas que no estaban cumpliendo con las exigencias contractuales de la alcaldía, porque las obras fueron mal ejecutadas, como el caso de la empresa a la que se le encomendó la construcción de tanques de agua en varias comunidades, todos quedaron mal, con filtraciones e incluso caso que inservibles, pero “ciegamente”, por no decir complacientemente, le siguieron entregado más contratos y para obras similares.
También está el caso del Mercado de La Noria. Ya van tres informes, recomendaciones, exhortaciones, peticiones, como los quieran llamar, en los que el contralor indica claramente que las valuaciones, evaluaciones e inspecciones que ha realizado el equipo de Contraloría revelan que hay inconsistencias en algunas partidas, malas ejecuciones en otras y graves dudas en otras más; y sin embargo la respuesta del alcalde es Pagar a como dé lugar y desestimar el trabajo de Contraloría.
Esa forma de actuar revela que evidentemente el alcalde Osmel Ramos está al tanto de todo lo que se está haciendo en Puerto Cabello, lo bueno y lo malo; conoce a ciencia cierta las obras que se están ejecutando bien, las que están mal ejecutadas; sabe las causas de las que están paralizadas, y lo más indecente es que se niega a retardar si quiera unas horas un pago mientras se revisa el informe del contralor.
Indudablemente que ello tiene que tener una explicación lógica. Nadie se cree el cuento de que “se trata de recomendaciones porque está preocupado por nuestra buena gestión”, ese cuento del alcalde no se lo cree ni él mismo. Debe haber una motivación más grande, “pesada” o jugosa para que se tape los ojos y ordene los pagos sin mirar para los lados. Está claro y en evidencia que Ramos tiene su gato encerrado en esa gestión de pagar a contratistas que son cuestionadas por la contraloría, solo él sabrá la respuesta pero sería interesante que la diera conocer al pueblo porque al fin y al cabo es el común de las personas quienes tienen a la vista las obras que se han ejecutado.

… te veo venir soledad

Definitivamente parecen insalvables las diferencias o el distanciamiento que existe entre las máximas autoridades políticas y civiles de nuestro municipio y el estado Carabobo. Diferencias surgidas de los trasnochos de algunos funcionarios que convencieron al alcalde Osmel Ramos de la supuesta conveniencia de enfrentar a Acosta Carles para congraciarse con el presidente Chávez, pero que en realidad resultó una estafa en la que cayó, no sé si inocentemente, el mandatario local.
Desde hace varias semanas he venido diciendo que el alcalde se equivocó cuando se comió los cuentos que le metieron acerca de la conveniencia de enfrentarse al mandatario regional. No se trata de favoritismo hacia un lado, sino que viendo el escenario político-electoral del chavismo porteño, en el que Ramos plantea erigir a su esposa, Fanny Rendón, como candidata a sustituirlo era obvio que no era prudente abrir batalla contra nadie dentro del espectro oficialista, menos aún con quien lidera la conformación al PSUV, aunque no quieran aceptarlo.
La pelea de Ramos debió haber sido hacia afuera, hacia la oposición, buscando encumbrarse con una de las tendencias que lideran el ambiente político, pero lamentablemente, insisto, cayó en la trampa que le pusieron dentro de su mismo gobierno para que le buscara pelea al gobernador exponiendo como pretexto las obras que se ejecutan en Puerto Cabello y la supuesta no llegada a las arcas municipales del 12.5% de los ingresos del Ipapc, única preocupación de las autoridades locales. Sin embargo, la verdadera causa de la diatriba está en la candidatura de Xiomara Luna, ficha archiconocida de Acosta Carles y dirigente a quien nunca ha pasado Osmel Ramos desde antes de su reelección.
En medio de ese zaperoco y de las risas fanáticas de cuando se inició el enfrentamiento, muchos personajes del gobierno local también cayeron en la trampa con Osmel. Es preciso recordar la pelea que protagonizó el concejal Orlando Rodríguez por los apartamentos de Boca de Lobo y el expediente administrativo ambiental que el presidente de Iamproam, José Parada, dijo que abrió contra el gobernador y Castro Duno. Si hoy se busca el “estado en que se encuentran” ambos casos sabremos entonces que una voz de “ultratumba” les ordenó que se quedaran quietos porque ahora debían buscar una reconciliación con el gobernador luego que este recibiera un espaldarazo del mismísimo Chávez. En otras palabras: los animaron a pelear, a Parada y Rodríguez, y cuando estos regresaban a la esquina para buscar más aliento no encontraron a nadie, los negaron como hizo Pedro con Jesús.
Ahora iniciaron nuevamente la reconquista de Acosta Carles con el falaz argumento de que Salas Römer manda más en Puerto Cabello que el actual mandatario regional y que desde la alcaldía se levantará una legión de revolucionarios para impedir su caída. Otra mentira más porque en el medio de la maquillada defensa vuelve a recordarse el 12.5% del Ipapc que quieren que se los entreguen antes de finalizar la gestión del gobierno final. Por alguna razón será.
Pero para vergüenza de algunos el gobernador detectó la jugada política y mentirosa por lo que de inmediato marcó distancia, nuevamente, de la gestión administrativa de Osmel Ramos y desde el Mega Mercal realizado este fin de semana en la avenida Lebrum le dio la estocada final que como a los toros lo deja agonizante. Acosta Carles, experto en estrategias, sabe y está consiente de que su candidata no puede exponerse ante el electorado porteño como la sucesora de Osmel Ramos ni mucho menos como representante de la continuidad de este gobierno. Por el contrario, la ruta electoral de Luna es en contra de esta gestión, aglutinando a todo aquel que le preocupe el estado en que se encuentra Puerto Cabello pero sobre todo a los chavistas molestos y cansados del gobierno de Ramos.
Algunos funcionarios del gobierno de Osmel Ramos conocen esta realidad y saben lo que les bien encima, por eso buscan afanosamente un acercamiento con Acosta Carles para que los apadrine con Luna, olvidando aquello que tanto pregona el presidente Chávez: …por más que te tongonees se te ve el bojote. Ramos casó una pelea muy mala y como era de esperarse la perdió. Ahora no le queda más que comenzar a recoger sus cachivaches y esperar la entrega del poder, mientras negocia la no apertura de investigaciones a su gestión. En la alcaldía comienza a sonar la canción de Franco de Vita: …te veo venir soledad.

¿Quién lo invitó?

Completamente inoportuna quedó la compra de una edificación por parte del Concejo Municipal de Puerto Cabello para el funcionamiento de sus actividades administrativas, teniendo la ciudad y sus habitantes otras necesidades que deben ser atacadas o resultas de manera rápida, como lo hicieron con esa adquisición.
Es cierto que lo cuestionable no es la transacción, ni las dimensiones del edificio ni la comisión que le correspondió al intermediario en la negociación, hasta ahora todo ese proceso ha sido legal; lo inoportuno fue la dedicación que le pusieron a esa compra frente a otros temas, incluso de mayor importancia para la ciudad.
Sin embargo, revisando todo el tema pudiéramos hacer algunas consideraciones al respecto y que sería muy valioso e importante escuchar las argumentaciones de los ilustres ediles a este respecto.
Es verdad que ocho de los nueve concejales aprobaron una partida presupuestaria de 1.6 millardos de bolívares para la compra de “terreno o edificación” para la nueva sede del Concejo Municipal de Puerto Cabello, pero no creo que necesariamente debieron gastarse todo ese dinero, pudieron haber buscado o encontrado una infraestructura con un valor menor y así ahorrarle un dinero al Fisco Municipal.
Por otro lado, haciendo un ejercicio mental, algunos de los ediles pudiera explicarnos lo que habría pasado, o puede pasar, si aparece un edificio en mejores condiciones o un centro comercial con un costo menor al edificio que compraron, al menos 100 millones de bolívares menos. ¿Pudo haberse comprado el más económico?
Escuché la intervención del presidente del Concejo Municipal, Fernando Arévalo, en un programa de radio defendiendo la negociación. Insistimos que hasta ahora no se habla de nada ilegal, ni fraudulento, pero creo que en sus declaraciones Arévalo dejó ver algunas costuras: Aunque los concejales aprobaron la partida presupuestaria y le encomendaron esa misión de comprar una sede, se dejó ver que no fueron consultados, ni siquiera por decencia ni les fue informado de la negociación que se estaba realizando. Es decir, fue un procedimiento unilateral, amparado en el mandato que le dieron sus colegas. ¿Qué pasaría si los concejales dicen: es verdad aprobamos la partida pero no estamos de acuerdo con la compra?
En ese momento el presidente del Concejo Municipal no conocía cuántos metros de terreno y de construcción tiene el edificio que compraron con el dinero del pueblo, siendo que todo el mundo cuando va a comprar una casa, un apartamento o un local comercial lo primero que pregunta y calcula son los metros de terreno y de construcción al menos para saber dónde se va a meter.
Otro detalle es la capacidad de estacionamiento que tiene el edificio: de acuerdo a lo que me han hecho saber solo puede albergar a seis automóviles, Arévalo dice que pueden estacionarse una docena otros dicen que nueva carros, lo cierto que si damos por cierto lo que dice el presidente del Concejo es evidente que sólo pensaron en los concejales y algunos funcionarios, mientras que al soberano se quedó mirando lejos para estacionar en una sede NUEVA.
Uno de los aspectos que debiera debatirse es el siguiente: cuál fue el criterio que utilizó el ex alcalde Ricardo Dao para instalar algunas dependencias administrativas de la naciente alcaldía fuera del Palacio Municipal. Más allá de la capacidad, un hecho similar se produjo en Morón donde el Concejo Municipal sigue trabajando en la misma sede y fue la alcaldía la que buscó una nueva, hecho que se produjo mucho antes de la autonomía funcional y financiera que lograron los concejos municipales con la Ley del Poder Público Municipal. Entonces, qué funcionó primero en el Palacio Municipal de Puerto Cabello: el concejo municipal o la alcaldía? Y como la respuesta es evidente. ¿Por qué no fue la alcaldía la que buscó nueva sede, siendo que la mayoría de sus dependencias no están frente a la Plaza Bolívar? ¿A quién le tuvieron miedo?
Respecto a la comisión del intermediario para nada es ilegal, todos sabemos que en las negociaciones inmobiliarias al corredor le corresponde una comisión, unas veces la paga el comprador otras veces la paga el vendedor, lo interesante en este caso es saber cómo se logró la coincidencia de “el hambre y la comida”. Cómo supo el corredor que el Concejo estaba interesado en una nueva sede y cómo detectó que ese edificio estaba en venta. O, ¿quién lo invitó a que hiciera el papel de corredor inmobiliario?

El miedo es libre

De nuevo el temor invadió a diversos sectores del municipio como producto de las lluvias que en las últimas semanas han caído sobre nuestro municipio. El miedo popular se debe a la amenaza latente de ser víctimas no solo de los aguaceros sino de las inundaciones que se producen en varias zonas de esta ciudad.
La urbanización Rancho Grande y las áreas adyacentes son el ejemplo más palpable de la improvisación y el olvido en que hemos caído los porteños por parte de las autoridades gubernamentales a quienes les compete la “imposible y dificilísima” tarea de preservar la calidad de vida y trabajar a futuro por un Puerto Cabello mejor.
Desde las vaguadas acaecidas en esta región hace dos años la única preocupación que han tenido nuestras autoridades municipales es mantener en vigencia el famosísimo Decreto de Emergencia que les ha permitido entregar a dedo muchas obras y contratos. Del resto todo se fue al olvido.
En esas oportunidades la zona más afectada por las lluvias fue Rancho Grande. Las calles se convirtieron en verdaderos ríos, con piedras, lodo, escombros, llevándose por delante todo cuanto encontraban a su paso. Los vecinos de las áreas afectadas salieron como pudieron de sus casas a colocar barricadas para que el agua cambiara de rumbo y dejara de perjudicarles las casas.
Aún se recuerdan los días aciagos que vivieron esas personas luego que cesó la lluvia porque el polvo, el barro y el olvido gubernamental comenzaron a reinar, y aún mandan. Solamente con recorrer a cualquier hora las calles de Rancho Grande, Rancho Chico, Tejerías, Negro Primero, Polvorín y Valle Seco nos podemos dar cuenta y hasta tropezarnos con las barricadas que permanecen intactas luego de dos años de haber sido colocadas.
A todos los que tienen el poder local se les olvidó lo que había pasado y dejaron la “fiebre” de aparecer públicamente ofreciendo soluciones a los afectados por las inundaciones. A lo mejor creyeron que ya habían solucionado los problemas, pero una vez más el fracaso se les dibujó en el rostro cuando hace pocos días cayeron “dos gotas de agua” y la crisis volvió a ser la misma.
Es preciso y obligado advertir que el único funcionario local que se atrevió a salir a las calles a darle la cara a los porteños fue José Parada, presidente de Iamproam, muchos podrán señalarle muchísimos errores pero fue la única persona que salió a constatar el problema que se estaba presentando y a buscarle soluciones, una de las cuales por cierto dejó ver lo temerario de esta gestión municipal.
Me refiero a la demolición de la plazoleta que construyó el Iutepal para el mejoramiento, seguramente, de la visual de su edificación en la urbanización Rancho Grande. No es momento para discutir si el procedimiento fue bien llevado o no, o si esa es la gran solución al problema o no, sino es una ocasión propicia para exigirle respuestas al gobierno municipal.
El año pasado el grupo de profesionales cubanos que estuvo trabajando en el ya olvidado Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) realizó un diagnóstico del sistema de drenajes en el centro de la ciudad y entre las conclusiones está que las tres vías de descarga de aguas están tapiadas: una que pasa por la calle Rondón y conduce a los muelles, la otra que va al Ipapc y la última que descarga al Puerto Turístico, todas fueron tapiadas para construcción de obras, una públicas y otras privadas.
Entre las recomendaciones que hicieron los cubanos estaba la demolición de estructuras para el rescate de los drenajes y la necesaria realización de labores de limpieza del sistema de alcantarillas para lo que el gobierno local, por vía de Corpopuerto, presentó al gobierno nacional una solicitud de recursos adicionales, crédito, para la ejecución de esos trabajos que eran multimillonarios. Esas gestiones se realizaron y las alcantarillas del centro de la ciudad se limpiaron.
Lo que no se hizo fue la demolición de estructuras para rescatar el sistema de drenajes del centro de Puerto Cabello, área que se inunda y se vuelve intransitable cada vez que llueve. Vista la acción rápida contra el Iutepal para agilizar el paso de agua de lluvia por la calle Plaza de Rancho Chico, es propicia la ocasión para preguntarle al alcalde Osmel Ramos y también a José Parada ¿Por qué no han hecho las demoliciones que recomendaron los cubanos para solventar la crisis en el centro de la ciudad? ¿A quién le temen? Lamentablemente para los porteños esta administración municipal no tendrá el valor para realizar esos trabajos, y ahora menos que vieron el sábado a Acosta Carles a dos asientos de Chávez. El miedo es libre.

¿Quién será el Antonini de la alcaldía?

Como si nada ha pasado la alcaldía de Puerto Cabello solicitará en los próximos días al Concejo Municipal un crédito adicional de más de 600 millones de bolívares para la cancelación de la construcción de la Casa de Expresión Artística y Cultural, ente que fue ideado para convertirse en el centro revolucionario de la cultura en nuestro municipio.
Digo “como si nada ha pasado” porque hay que ser ciego para no ver o detectar que esos trabajos llevan más de un año paralizados sin que nadie haya dado alguna explicación de la no culminación. Sencillamente un día no continuaron la obra y todo el mundo se hizo el loco para no ver lo que ocurría y mucho menos para dar explicaciones.
De acuerdo a la información que hemos obtenido, la solicitud del alcalde estaría basada en que en el presupuesto del año 2005 –imagínense ustedes, hace dos años- se incluyeron obras que iban a ser financiadas por el FIDES –por intermedio de la ley anterior- que no fueron culminadas por lo que se hace necesario actualizar su crédito, una de ellas la Casa de Expresión Artística. La petición del alcalde no aclara si la obra fue incluida en el presupuesto del año 2006 por lo que sería bueno que explicaran por qué no la incluyeron y si lo hicieron deben aclarar por qué no se reactivaron los trabajos.
Ahora, sin aclarar nada sino que actuando como “río en conuco” o como regente de una bodega, el alcalde pide 618 millones 564 mil 685 bolívares con 18 céntimos de un “remanente”. Si el presupuesto total de esa obra es de 816 millones 468 mil 415 bolívares con 64 céntimos, se supone que han cancelado 197 millones 903 mil 730 bolívares con 46 céntimos, imaginamos que correspondiente al anticipo que se da a todo contratista, pero tampoco se dice que lo poco que han hecho en esa Casa vale esa cantidad de dinero.
Sería bueno que los concejales y la Contraloría Municipal se pronuncien a este respecto porque el dinero del pueblo no puede ser utilizado como le viene en gana, al menos eso dice el Presidente Chávez. Los ediles y el contralor también deberían presentar a la opinión pública un informe de esa obra, con sus valuaciones y proyecciones, técnicas y financieras.
Pero de la misma importancia será que abran una investigación para determinar las causas de la paralización de esos trabajos, porque cuando anunciaron sus construcción lo hicieron con bombos y platillos y a muchos trabajadores de la cultura le reforzaron los ánimos de seguir adelante en Puerto Cabello, pero todo se ha convertido en OTRA MENTIRA MÁS.
Para cooperar con la investigación de los concejales y el contralor – si es que se inician- una fuente ligada al Gobierno municipal, de extrema confianza del alcalde, nos informó que la parálisis de los trabajos se debió supuestamente a que no cancelaron las valuaciones que pidió la empresa contratista de esa obra y como no hubo dinero la disponibilidad presupuestaria del constructor se agotó.
Pero hay más. La causa de la no cancelación fue la supuesta desaparición de la valuación y la orden de pago en los predios municipales (despacho del alcalde, administración y finanzas, presupuesto o contraloría), lo que obviamente produjo que no se cancelaran en la fecha correspondiente. De ese caso, el alcalde Ramos habría solicitado se le presentara un informe pormenorizado del recorrido que hizo tanto la valuación como la orden de pago para determinar dónde se “escondió” pero nadie hizo caso.
Según nuestro informante, la verdadera motivación de la “desaparición” de los documentos es el enfrentamiento soterrado que hay en el gobierno municipal contra los proyectos presentados por José Gabriel Carrasco, presidente de Corpopuerto, hay que recordar que fue este funcionario quien ideó esa obra. Nos dicen que los directores, jefes de divisiones, de oficinas y departamentos de la alcaldía, no avalan ninguna de las propuestas de Carrasco pero las tragan porque es el consentido del alcalde. Y para no enfrentarlo directamente le botaron la orden de pago.
La cuenta es facilita. Carrasco estaba desaparecido y no se sabía públicamente de las pretensiones del crédito adicional, lo tenían bien escondido. Aparece Carrasco, se reúne con el alcalde, lo convence de otro nuevo proyecto y visto el respaldo irrestricto que recibe de inmediato avisan de la solicitud de 618 millones de bolívares para pagar una obra que está paralizada. ¿Quién cuadrará las cuentas y el informe técnico para convencer a los concejales para que aprueben el crédito adicional al alcalde y a los directores para que acepten apoyar esa iniciativa de Carrasco? ¿Quién será el Antonini de la alcaldía?

Está en marcha la nueva estafa

La propuesta de reforma a la Constitución Nacional ha puesto a correr a más de uno. Por un lado se están moviendo quienes se verán afectados por los nuevos modelos de organización político-territorial y por las novedosas concepciones en cuanto a la propiedad se refiere. Pero también se están moviendo velozmente, como un peso pluma, quienes insisten en utilizar el nombre del primer mandatario nacional para obtener prebendas personales.
En cuanto a estos últimos, básicamente se movilizan por las nuevas unidades de organización o eslabones políticos y territoriales que habrán se estrenarse, una vez aprobada la reforma mediante un referéndum.
Como es sabido, Chávez ha propuesto la instauración de Municipios Funcionales, Comunas, Distritos Funcionales, Territorios Federales, entre otras figuras, para activar un modelo de participación política en la que los máximos jerarcas de esas instancias sean designados por el Gobierno Nacional para acabar con las alcabalas de la ineficiencia y corrupción que actualmente existen, según el Presidente.
Vista la iniciativa presidencial, es muy probable (99.99%) que dentro de pocos días aparezca en Puerto Cabello un personaje que dirá venir encomendado por el Presidente Chávez, según de su entera confianza, que se encargará de elaborar unos supuestos proyectos de integración de los municipios Puerto Cabello, Juan José Mora y otros de la Costa Oriental del estado Falcón, para adherirlos a la existencia de un Territorio Federal.
Se trata del mismo personaje que se pasea por nuestra ciudad de vez en cuando anunciando nuevos proyectos de ejecución de obras, paradisíacos modelos de desarrollo turístico y urbanístico, multimillonarias inversiones, y otra serie de cuentos novelescos que sólo son creídos por sus superiores y algunos incautos que aún le rinden pleitesías.
De acuerdo a lo que nos informan, este personaje ya tienen debajo de sus brazos unos cuantos papeles de trabajo, mapas, proyecciones urbanísticas, descripción de potenciales turísticos, proyectos, estudios de factibilidad, todos realizados con mucha anterioridad y que le servirán para presentarse, nuevamente, ante la opinión pública como un eficiente trabajador revolucionario que no andaba perdido, sino que estaba trabajando en una “encomienda” ordenada por el mismísimo comandante Chávez.
La idea del citado funcionario sería apilar en una sólo jurisdicción a Puerto Cabello, Juan José Mora y los municipios falconianos, visto que están unidos por el cordón umbilical del Golfo Triste, de las bondades de la naturaleza para la explotación del turismo y porque además sirven de asiento a empresas básicas del estado y de la principal Base Naval de la Armada.
Quienes habitamos en esta tierra (Falcón y Carabobo) debemos estar alertas para no dejarnos embaucar una vez más por la mentira, por muy fresca que sea, debe ser rechazada de plano si el único interés que la mueve es hacerse de un dinero fácil. No dudamos que alguno de los nuevos modelos de organización territorial pueda funcionar en esta zona, por todos son conocidos los lazos que nos unen, pero no podemos entregar el futuro de esta importante región a un mentiroso que busca ser designado como Autoridad Única del nuevo Territorio Federal.
Cada región o municipio que se quiera integrar a otro tiene todo su derecho, pero deberá realizarse primero un verdadero estudio de factibilidad y de posibilidades de crecimiento, así como estar conscientes cada uno de lo que dejará de autonomía. No puede ser aceptado que la integración venga dada por supuestos trabajos de campo que fueron realizados bajo los parámetros del oportunismo, la irresponsabilidad, la mentira, el engaño y la corrupción.
Esa nueva aparición del mentiroso deberá ser vista con mucha cautela por todos los carabobeños y falconianos, así sea apadrinada por algún alcalde u otro cómplice de sus actuaciones anteriores. Alerta porque ya está en marcha un nuevo engaño a los porteños, una nueva estafa, escudados en un supuesto apoyo presidencial. A buen entendedor, pocas palabras.

La Personalidad del Estafador

En el argot judicial es común escuchar la palabra “Estafador”, calificativo que se le endilga a una persona experta en ganarse la confianza de otra para quitarle lo que le es propio, por medio del engaño y la mentira. Uno de los casos más conocidos es el llamado “paquete chileno” que no es más que la combinación de la estafa con las apetencias de un “vivo” que quiere hacerse de dinero rápidamente. Hay otro tipo de paquete chileno que más bien es el vulgar robo de una suma de dinero, utilizando para ello estrategias tales como la caída de un sobre o el intercambio de paquetes a la salida de un banco.
Sin embargo, no es sólo en el mundo policial donde se ven esta clase de actuaciones de personas inescrupulosas que sin importarles el trabajo o la necesidad de la otra, busca por todos los medios de apoderarse del dinero para financiar sus aventuras. En el ambiente político también están presentes los estafadores, tanto para apropiarse del dinero que el pueblo le ha confiado para su resguardo, como para engañar al pueblo con la vieja oferta de buscarle solución a los problemas que se presentan en las comunidades. Veamos algunos ambientes políticos en los que se hace presente La Personalidad del Estafador.
Obras: Cuando las personas andan en campaña política para alcanzar un determinado puesto gubernamental ofrecen miles de cosas, aun las más imposibles de lograr, bajo el argumento que están dispuestos a luchar por ello. Pero cuando llegan a posesionarse del cargo inmediatamente son invadidos, o sacan a relucir su verdadera personalidad, por el espíritu del estafador. Unos se olvidan de sus promesas, otros ordenan iniciar los estudios conscientes que recomendarán que la obra es improcedente y unos cuantos ordenan la ejecución de la obra y se hacen los locos cuando denuncian mala ejecución de los trabajos, mala calidad de la obra o utilización de materiales de baja calidad, lo que se traduce en que los supuestos “trabajos” deben ejecutarse nuevamente, uno o dos años después, por el deterioro que sufrió la anterior.
Gestiones: Vinculados con el ítem anterior, están las personalidades que se dedican a representar a un nivel de gobierno ante otro. Son los llamados “encargados de hacer lobby” que no son más que gestores. Estos son los mayores representantes de la estafa porque devengan exorbitantes sueldos, gozan del privilegio de los gastos de representación, andan en lujosos vehículos, supuestamente para gestionar recursos para los proyectos que necesitan las comunidades pero en realidad lo que hacen es darse la “dolce vita” con los dineros del pueblo. Estos ilustres estafadores son lo que ostentan el apoyo, aprecio, protección y complicidad de sus jefes al punto que cometen cualquier cantidad y tipo de fechorías y cuando son denunciados reciben el respaldo incondicional de quien lo designó. Y cómo no hacerlo si la repartición de beneficios (dinero) es pareja: un poquitico para ti, un poquitico para tu entorno y un poquitico para mi, dice el estafador a su jefe. ¿Y el pueblo? Que se lo lleve el río.
Relaciones: Otro tipo de estafa política se presenta en las diversas formas y maneras de relacionarse entre niveles de gobierno. Por todos es sabido que la politiquería ha destruido el concepto científico de la Política (con P grande) y que en todo tipo de relaciones siempre se andan pensando en tenderse trampas. En esta actividad el estafador es quien se encarga de ir llevado a todos la supuesta posición de su feje, criticando, enjuiciando, cuestionando, sin ningún basamento, solo por el hecho de que hay que oponerse al contrario, aun siendo de su misma corriente política. Pero como hace el piojo: cuando ve que viene el peine corre. Los vemos muy a diario, denunciando cosas, criticando acciones pero cuando uno superior habla, salen corriendo a esconderse en un viejo árbol sin ramas, tipo cují, y desde allí lanzan “zancadas de ahogados”, tratando de congraciarse con quien criticó y dejando en el limbo a los incautos que le creyeron y se inscribieron en el enfrentamiento.
En estos tres aspectos (obras, gestiones y relaciones) podemos detectar rápidamente a los estafadores: Grandes señorones que se pasean libremente por las calles, cuestionando a todo aquel que les viene en gana, tratando de desprestigiar a quienes lo critican, inventando escenarios para engañar, pensando obras para buscar más dinero, haciéndose pasar por notables, y ciertamente sí son notables pero en la demostración de La Personalidad del Estafador.

Verdugo no pide perdón

Dice el refranero popular que cuando una persona está acostumbrada a golpear, a diestra y siniestra, no puede esperar que le respondan con flores, cuando le corresponda recibir algunos del os golpes que ha propinado, es decir, Verdugo no pide perdón.
Ese sabio dicho viene como anillo al dedo ante la reciente disputa pública sostenida por el alcalde Osmel Ramos, contra el gobernador Acosta Carles por el manejo de los recursos que debería aportar el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello al gobierno municipal para ser utilizado en la ejecución de obras y servicios públicos. Es bueno advertir que esa obligación fue eliminada cuando el TSJ suspendió los efectos del artículo 51 de la Ley General de Puertos.
Sin embargo, se ha mantenido la polémica entre ambos niveles de gobiernos, llegando incluso en las últimas semanas a señalamientos que dejan en entredicho la actuación revolucionaria del actual inquilino de Capitolio.
Dijo el alcalde Ramos, en las tablas del Teatro Municipal antes de iniciarse la sesión solemne del Concejo Municipal con motivo del aniversario del Día de la Armada y Natalicio del Libertador, que la gestión portuaria de Acosta Carles es similar a la ejecutada por los dos Salas Römer y por ello se le oponía. Recuerdo claramente que el mandatario local dijo que los recursos que debió invertir el Ipapc en Puerto Cabello “jamás llegaron”, arrojando una sombra de duda al contenido de su informe de gestión cuando señala recursos manejados por Fonporis, precisamente el instituto creado por el Municipio para administrar el dinero transferido por el Ipapc.
La emoción del alcalde, por el nuevo enfrentamiento con el gobernador, llegó a tanto que avaló irrestrictamente los señalamientos hechos por el concejal Orlando Rodríguez referidos a la supuesta entrega de los apartamentos de Boca de Lobo a trabajadores y amigos de Funbas.
Pero esa alegría duró poco porque a los pocos días el Presidente Chávez vino a Carabobo a iniciar las casas que patrocina Pequiven y le dio un espaldarazo enorme a Acosta Carles, diciendo que es su “hijo político”, contando cómo fue designado candidato a la Gobernación en contra de algunas tendencias y aseguró que la revolución avanza en Carabobo con el actual mandatario regional.
Delante del fervoroso pronunciamiento de Chávez los ataques hechos por el alcalde Ramos a Acosta Carles quedaron como “extemporáneos”, por decir lo más decente. Realmente esos ataques dejaron ver las costuras del vestido revolucionario de Ramos pues había planteado una pelea nada más y nada menos que con el “hijo de Chávez”, o lo que es lo mismo “quedó como pajarito en grama”.
El desbocado discurso del alcalde, en el Teatro Municipal, ratifica que está muy mal asesorado en materia de tácticas políticas porque la persona que le recomendó enfrentarse a Acosta Carles con el argumento de que no es querido por Chávez lo lanzó por un barranco y lo dejó solo. Pese a que dentro del chavismo Osmel es reconocido por su prudencia y cálculos políticos, esta vez quedó desnudo en medio del escenario al plantear una disputa con alguien extremadamente cercano al Presidente creyendo que el habitante de Miraflores lo detesta.
Pero más sorprendente que esa falla estratégica es leer que ahora Ramos exige canales de comunicación con Acosta Carles y le promete estar dispuesto al diálogo sin caer en peleas estériles. Tamaña sorpresa debió haberse llevado al comparar sus apreciaciones respecto a Acosta Carles con las aseveraciones del primer mandatario nacional. Tanto que ahora quiere revivirlo, después que lo mató quiere que respire, ¿que tal? Otra demostración más de la improvisación. Con todo respeto señor alcalde pero usted no debería estar pidiendo esos diálogos cuando lo que ha dado es palo parejo. Si asumió la posición de enfrentar a Acosta Carles debe mantenerse firme, reclame y regañe al supuesto asesor que en todo caso lo estafó vilmente, pero llegue dignamente hasta el final, pase lo que pase. No olvide el otro refrán popular: Verdugo no pide perdón.

Más dinero para gastar

Lo que sucede con la obra del canal de la urbanización Santa Cruz no es cosa de juegos. Están alejados de la realidad aquellos que piensan que se trata simplemente de una obra inconclusa a la que habrá que inyectarle más dinero para que pueda ser finalizada. Esa es una visión miope de la realidad.

En las últimas semanas hemos observado el reclamo de los contralores sociales de Santa Cruz, quienes precisamente haciendo uso de un derecho y cumpliendo con las directrices emanadas por el presidente Hugo Chávez han hecho señalamientos contundentes de los trabajos que se vienen realizando.

Mala ejecución de la obra, agotamiento del presupuesto, contratación inapropiada, son algunas de las acusaciones hechas por los dirigentes vecinales que decidieron conformar comisiones de trabajo para vigilar permanentemente la zona de trabajo e impedir que por cualquier motivo retiren las maquinarias del canal sin haber concluido los trabajos.

La respuesta ofrecida al cuestionamiento vecinal la pudiéramos calificar como tradicional, pero tradicional como en la cuarta república. Los denunciantes fueron descalificados política y personalmente y las denuncias no han sido aclaradas sino que se ha tratado de desvirtuar los señalamientos con argumentos falaces. Lo más contundente de la respuesta oficial ha sido la decisión de aportar más dinero al presupuesto “para que se puede culminar la obra que no está inconclusa”, dijo el alcalde Ramos.

Hasta aquí todo iría bien. Le correspondería entonces a los contralores sociales y a todos los dirigentes vecinales de la urbanización Santa Cruz estar vigilantes al reinicio de los trabajos y velar porque se ejecuten correctamente y en los lapsos previstos para ello, aunque ya han sobrepasado ampliamente los cuatro meses ofrecidos para disfrutar de una nueva visión del canal.

Sin embargo, se pretende esconder una realidad que es más grave que la no culminación de esos trabajos. Una verdad que es mucho más volátil y que perjudica o perjudicará, Dios no lo quiera, a un sector mayor de la población.

Por distintas vías hemos sabido que de acuerdo a un estudio técnico realizado por un grupo de ingenieros de esta localidad, a instancias del Colegio de Ingenieros de Puerto Cabello, en la zona de influencia del canal de Santa Cruz revela que hay una potencial amenaza de derrumbe de la vía principal de esa urbanización, lo que dejaría prácticamente incomunicada no sólo a esa zona sino al pueblo de Goaigoaza y se eliminaría la interconexión con sectores de la parroquia Juan José Flores.

Según esa investigación técnica, el principal problema, obstáculo o inconveniente que debe superar el canal de Santa Cruz es la filtración de aguas negras que se produce subterráneamente a uno de sus lados. Al parecer, eso se debe a que el sistema de cloacas colapsó y se mantienen una permanente filtración en el terreno que provoca el ablandamiento de la tierra y que ésta vaya cediendo.

Las primeras muestras de ese problema han sido los descalabros de los concretos de la canalización antigua y actual, según el estudio. Pero la gravedad no se queda en el canal. Sostienen los expertos que las evaluaciones hechas indican que la tierra que está debajo de la vía principal “se está carcomiendo” y sobre ella pesa el riesgo del derrumbe, lo que ocasionaría daños incalculables.

Esa amenaza es conocida por las autoridades gubernamentales locales porque también han tenido acceso a los estudios que realiza el Colegio de Ingenieros, pero hasta ahora el silencio ha sido sepulcral, solamente se preocupan por buscar más dinero para incrementar el presupuesto de la actual reconstrucción del canal y quitarse esa raya de encima.

La visión gubernamental de ese problema es incorrecta. Primero deben solventar integralmente la crisis del sistema de cloacas, luego del terreno de toda la zona y posteriormente resolver la situación de la reconstrucción del canal, no como lo pretenden hacer: terminar el canal y luego sentarse a esperar que se caiga la vía principal, se dañe nuevamente el canal, haya otros daños mayores, para volver a ejecutar la obra, ahora con más dinero y amparado en una situación de emergencia.

Pensar de esa manera (calculadora) no es actuar éticamente, lo que sí evidencia es que existe la intención de atacar los problemas sin solventar las verdaderas causas (puro maquillaje). Prefieren bajar la fiebre sin importarles las causas de la afección. Prefieren gastar más que invertir correctamente. Se inclinan por creer que el pueblo es pendejo que sentarse concienzudamente a analizar la situación y buscar soluciones integrales. No olviden, señores, que hacerlo hoy igualmente reporta buscar más dinero para gastar.

Pocas palabras

Desconcertante, por no decir otro calificativo, resultaron las declaraciones que diera el director del Ipapc, Fernando Rodríguez, con relación al tema de las continuas y asfixiantes colas que se forman en la autopista La Sorpresa-Muelles como consecuencia de las exigencias de documentos que hacen en la alcabala principal del instituto portuario al transporte de carga pesada.
Es obvio que es un derecho y un deber de las autoridades portuarias exigir los documentos que consideren pertinentes, necesarios u obligantes para que las gandolas tengan acceso a la zona primaria para cargar y posteriormente transportar mercancías a otros lugares del país, principalmente.
Hasta ahora no se han escuchado voces que planteen la posibilidad de disminuir las exigencias o de desaplicar procedimientos, por parte del Ipapc, en contribución a la anhelada desaparición de las interminables y agotadoras colas que no solo colapsan el centro de la ciudad sino que impiden cualquier traslado que se pretenda hacer hacia el centro o desde el centro a Dianca, Ince, Unefa, Borburata, Base Naval, Hospital Naval, lo que dejaron de Quizandal, Pequiven, Gañango o Patanemo.
Cuando se han hecho llamados de atención, por cualquier medio de comunicación social o de vida voz en las calles de Puerto Cabello, siempre se dice que se hace necesario tomar las medidas preventivas o los correctivos pertinentes para minimizar los efectos de las exigencias portuarias, jamás de ha dicho “dejen entrar a todo el mundo”.
Traigo esto a colación porque escuchar de un alto funcionario público a quien le compete el tema, como lo es Rodríguez, que se continuarán aplicando las medidas de control para entrar a la zona portuaria es natural, lo ilógico es que al momento de ser interrogado acerca de la continuación de las colas o de la posibilidad de cierre de las vías por parte de los conductores de los pesados vehículos haya respondido con el argumento de que ese problema no es del Ipapc.
Con todo respeto capitán Rodríguez es propicia la ocasión para recordarle que si los porteños actuamos de acuerdo a sus apreciaciones lo que no es nuestro problema es la manera como el Ipapc tiene que resolver el acceso a sus zonas. Los habitantes de esta tierra no estamos obligados a “calarnos” las colas que se formas solamente de lunes a jueves por exigencia de documentos en la alcabala principal por que los viernes parece que todo el mundo está legal o se quieren ir de descanso muy temprano porque ese día no se forman colas.
Quienes aquí vivimos no tenemos la obligación de aceptar cuanto atropello se le venga a gana, por parte de los gandoleros, por las bondades que ha mostrado el Ipapc en materia de ubicación de almacenadoras, control de seguridad física en las gandolas que transportan granos que dejan sucias y pestilentes toda la autopista.
Como buena empresa pública el Ipapc no puede olvidar que es su deber, en primer lugar, disponer de espacio para el estacionamiento de las gandolas que acuden a sus instalaciones.
En segundo lugar, y de mayor importancia, es la responsabilidad social que tiene el Ipapc con sus trabajadores. El instituto portuario no puede escurrir el bulto ni pretender taparse los ojos para no ver lo que ocurre a su alrededor, menos cuando las calamidades son de su autoría. Hay una máxima gerencial que establece que “No puede existir una empresa sana en un entorno enfermo”. A buen entendedor pocas palabras.

Moral es lo primero

En días pasados extrañamente apareció en el tapete una nueva disputa entre los niveles de gobierno regional y municipal que deja claramente establecido que las cosas no andan muy claras, en cuanto a la administración y uso de los recursos económicos que han sido asignados a esos dos niveles para que satisfagan las necesidades del pueblo porteño.

Nuevamente el caso de las viviendas que se construyen en los terrenos cercanos a la Boca de Lobo fue el centro de la disputa entre autoridades de Valencia y Puerto Cabello, aunque con menos intensidad por parte de quienes trabajan en Capitolio, por algo será.

Por boca del alcalde conocimos que el proyecto original para la edificación de esas soluciones habitacionales supuestamente fue modificado o transformado por los representantes del Instituto de la Vivienda del Estado Carabobo (IVEC), sin la previa aprobación de la alcaldía porteña, ente que tiene una buena tajada de dinero invertido en esas construcciones y canceló la elaboración del proyecto.

Es muy bueno que el mandatario local esté pendiente del destino que se le da a los recursos que puso el gobierno porteño para la construcción de esas viviendas, pero considero que el tema de la modificación del proyecto, aunque Ramos dice que puede producir responsabilidades, es banal ante la cantidad de problemas que azotan a Puerto Cabello.

Veamos dos aspectos básicos antes de continuar el comentario: Esos apartamentos que construye el gobierno regional y que fueron ofrecidos por Acosta Carles principalmente a las familias que quedaron sin viviendas luego de las vaguadas. El dinero que destinó al alcaldía para esas viviendas fue producto de uno de los traspaso que hicieron del 12.5% de los ingresos brutos del Ipapc al gobierno municipal.

Siendo así: ¿Qué le importa a las familias que quedaron sin viviendas que el proyecto haya sido modificado, si sus deseos son tener un techo propio para vivir? ¿Cuál es la importancia de sacar a relucir a estas alturas la modificación del proyecto, si lo que se quiere es construir viviendas? ¿Cree posible, señor alcalde, que las familias que serán beneficiadas con los apartamentos no los acepten porque modificaron el proyecto? ¿Acaso el municipio pretende paralizar la única construcción de viviendas que ha habido en Puerto Cabello en los últimos años? ¿El gobierno municipal está en capacidad de decirle a las víctimas de las vaguadas: no acepten esos apartamentos, vénganse a estas cómodas casas que nosotros estamos construyendo? ¿El gobierno local jamás ha modificado un proyecto?

Por otro lado, si la preocupación es el destino del dinero que les transfirió el Ipapc, muy bien pero hay más preguntas: ¿Estuvo el municipio pendiente de ese dinero, luego de transferirlo a la gobernación? ¿Es correcto o incorrecto el uso que le han dado a esos recursos? ¿En el fondo estaba de acuerdo el gobierno municipal en darle ese dinero a la gobernación para construir apartamentos?

Es bueno que la alcaldía exija cuentas del uso y destino que le dan a los recursos que la habían sido asignados, pero ¿Acaso Fonporis, ente creado para administrar el dinero que transfería el Ipapc, presentó cuentas claras al pueblo del paradero del dinero que les transfirieron? ¿En qué sitio fue esa presentación de cuentas de Fonporis que le permite sentarse frente a frente con otro nivel de gobierno a pedir cuentas? ¿Es Fonporis el ente más puro y honesto de la administración pública nacional, regional y local, y por ello se digna a exigir explicaciones, olvidando que también debe darlas?

Todos sabemos las respuestas a esas interrogantes, así como sabemos que en el desaparecido artículo 51 de la Ley General de Puertos, el mismo que ordenaba la transferencia de fondos del Ipapc al municipio, estaba claramente establecido que el destino de esos recursos era para el mejoramiento de la infraestructura y servicios públicos del municipio. El día que Fonporis presente cuentas claras, sin maquillajes, sabremos si cumplieron totalmente con esa normativa.

Imagino que reaparecerán las “viudas trasnochadas y encopetadas” a decir que estoy defendiendo a la gobernación, no se trata de eso. Es más importante darle una casa a quien la necesita que andar peleando porque cambiaron el proyecto, y además, hay que tener moral para reclamar.

Son unos fracasados

Desde hace varios años muchas personas han reclamado, incluyéndome, la necesaria culminación de los trabajos en el tan nombrado Mercado de Buhoneros La Noria. En distintos tiempos cualquiera que ha emitido opinión al respecto ha sido catalogado como enemigo de los gobernantes, o de la clase política que gobierna, simplemente por decir que debe buscársele solución al problema de la toma de las calles por parte de los comerciantes informales.

Todos los epítetos que han sido lanzados vorazmente contra quienes han levantado las banderas del reclamo por el caso La Noria cayeron al vacío con el reinicio de los trabajos de construcción de lo que es una promesa de solución al grave problema de salubridad y condiciones de trabajo de los buhoneros.

Digo que los insultos cayeron al vacío porque si no es importante la construcción de una infraestructura que albergue a toda esa legión de padres y madres de familia que día a día salen a calle en busca del sustento, el gobierno municipal no hubiese hecho el intento y ahora el esfuerzo por culminar una sede que debió haber estado lista hace varios años.

No se trata ahora, en este momento, de buscar culpables o asignar responsabilidades acerca de la paralización de los trabajos o por el desvalijamiento de la estructura, por el contrario celebramos el reinicio de las operaciones pero con la advertencia de que más temprano que tarde se tendrá que rendir cuentas, y claras, del uso que se le ha dado al dinero del pueblo. No partimos de la sospecha de corrupción o robo, sino que por el bien de todos las cuentas deben quedar bien claras y a ello se llega solamente por intermedio de la explicación del destino y las verdades de esos recursos.

Sin embargo, es propicia la ocasión para que nos formulemos una interrogante que nos haga reflexionar ¿El Mercado La Noria es la verdadera solución al problema de la buhonería o solamente es un paño de agua tibia?

Si lo analizamos desde el punto de vista de la carencia de una infraestructura que sirva de asiento o cobijo para los comerciantes informales, en la que tengan servicios públicos garantizados, buenas condiciones de vida y trabajo, atención médica, seguridad personal y un sitio para guardar sus mercancías, sin duda que la construcción de un mercado es lo más viable para garantizarles los derechos que consagra la Constitución Nacional, sobre todo al momento de ser desalojados de las calles que tanto reclaman comerciantes formales, vecinos, transeúntes y conductores.

Pero, ¿estamos seguros de que todos los comerciantes se mudarán al nuevo mercado? ¿las nuevas instalaciones satisfarán las expectativas de los buhoneros? ¿se acabará el comercio informal en las calles?

Imagino que las respuestas a todas estas interrogantes deben rondar y retumbar en las mentes de los planificadores, altos funcionarios y gobernantes, porque deben ya estar fijadas estrategias para frenar el crecimiento de la economía informal, para crear nuevos puestos de trabajo, fortalecer el aparato productivo, otorgar mayores beneficios y atractivos a los grandes inversionistas para que se establezcan en Puerto Cabello y así contribuyan al combate del desempleo, y también deben haber pensado en facilitar el otorgamiento de créditos y microcréditos para que los buhoneros dejen la informalidad y pasen a ser pequeños comerciantes informales que paguen al municipio el impuestos debido por los servicios que se prestan.

Los gobernantes no deben estar pensando en salidas eventuales, soluciones parciales ni pañitos calientes, por el contrario deben emprender estrategias válidas, eficientes y efectivas para combatir los males que azotan a las comunidades, el desempleo es uno de ellos y es el nervio motor de la ampliación de los niveles de buhonería. Si no lo ven así, si no piensan en grande, si no buscan soluciones integrales y definitivas, si no ven más allá de sus narices son unos fracasados.

Comprometidos con la verdad

Este miércoles 27 de junio se celebra en todo el territorio nacional el Día Nacional del Periodista, fecha en la que se recuerda el nacimiento y circulación del Correo del Orinoco, medio de comunicación fundado por el Libertador Simón Bolívar para el bien de todos los venezolanos.

Es común que en este tipo de festividad se recuerde a aquellos que ya no están en este mundo, quienes entregaron sus esfuerzo y su vida por el ejercicio de su labor periodística, por la decencia, por la dignidad, por la moral, por la honestidad, por la libertad.

Sin embargo, en esta oportunidad el 27 de junio no es fecha para rememorar viejas épocas, sino para que hagamos un análisis de la actual trascendencia del trabajo del periodista y sobre todo enmarcarlo en la realidad que vivimos hoy en los ámbito nacional, regional y local.

A lo largo de todo estos años muchos hemos elevado nuestras palabras para recordar o advertir que los periodistas no somos actores políticos, sino que somos el único instrumento que encuentra la población para hacer conocer sus necesidades, sus calamidades y reclamar acción oportuna y efectiva por parte de las autoridades gubernamentales.

Por ello, es necesario que nos desvinculen de la diatriba partidista, de los reclamos de colores, de los extremos de la política, ciertamente todos tenemos un pensamiento y una inclinación política, es natural y además un derecho constitucional, pero no por ello se han dejado de cubrir las actividades programadas tanto por el oficialismo como de la oposición.

Pese a estas consideraciones, muchos actores políticos insisten en cuestionar alegremente el trabajo de los periodistas, simplemente porque no complacen sus ideas, no se amoldan a sus dictados o sencillamente porque les da placer criticar a los periodistas creyéndose unas vacas sagradas, impolutas, intocables, arropándose para ello en nombres rimbombantes o con pasos frustrados en el ejercicio periodístico. Actividad que llevaron adelante apegados a sus intereses políticos, económicos y sociales.

Una consideración especial merecen los comentarios de quienes señalan a los periodistas como “inmorales”. No pretendo entrar a polemizar con nadie, pero sí es necesario hacer algunas precisiones, a vía de preguntas que nos lleven a reflexionar.

¿Quién es el inmoral, un funcionario gubernamental que roba el erario público impunemente o el periodista que se apega a la verdad? ¿Qué es lo inmoral, procesar una denuncia vecinal o engañar al pueblo para conseguir más recursos económicos y apropiárselos en nombre del Presidente? ¿Es inmoral atender al pueblo que reclama sus derechos o lo inmoral es que la administración pública no funcione por culpa de funcionarios que boicotean una gestión por intereses bastardos o rastreros? ¿No es inmoral decir que no hay inseguridad, o lo inmoral es la cobertura periodística que diariamente se hace a los miles de casos de venezolanos que mueren a mansalva del hampa? ¿Qué es más inmoral, un funcionario que viaja a Caracas con su cara irónica y sus mentiras frescas a pedirle dinero al Presidente para cobrar más comisiones, para lograr más prebendas personales y robar más, o el periodista que se sensibiliza ante las necesidades de un pueblo que pide a grito justicia social? ¿Quién es el inmoral, el periodista que diariamente hace su trabajo, o aquel supuesto comunicador social, con otra profesión, que se dedica a destruir el trabajo de periodistas, porque le da la gana, por mala intención o porque no resiste llevar la camisa “roja rojita”, sabiendo que es de la cuarta república y opositor?

El Periodismo es una profesión apetecida por muchos, pero pisoteada por algunos, reivindico la labor del periodista comprometido con su comunidad, el que lucha con las únicas armas que tiene, las más poderosas de todas las que existen: el grabador, el lápiz, el micrófono y las cámaras. Nuestro compromiso es con la comunidad, con los más necesitados, con los desposeídos, con los olvidados, con todos aquellos que tengan algo que decir, el compromiso continua siendo y siempre será con la verdad.

Triunfaron

Hace pocos días, apenas cuatro, que Puerto Cabello fue testigo de uno de los acontecimientos más importante en la vida social y política de muchos años, un acto en el que sin duda alguna triunfó la constancia, la perseverancia, la tenacidad, pero también la hidalguía. Se trata de la inauguración de la sede del Cuartel de Bomberos Municipales, obra muy cuestionada por muchos pero necesitada por los hombres de azul.

Luego de varios años de estar pasando penurias en la sede que amablemente les prestó el Instituto de Ferrocarriles del Estado (IAFE), hoy los bomberos porteños pueden disfrutar de las nuevas instalaciones, más dignas, más humanas, más decentes.

La sede bomberil ha sido en los últimos años una de las banderas de ataques de las gestiones de gobierno de Alfredo Sabatino y de Osmel Ramos. Infinidades de cuestionamientos y denuncias fueron presentadas a lo largo de los años que se llevó la ejecución de los trabajos de construcción.

En su debido momento cada uno de esos cuestionamientos fueron presentados o calificados como irreales, politiqueros o falsos por las administraciones de turno, pero nunca, y hay que cuestionarlo, no hubo una voz que se alzara para decir que a la par de la investigación de pedían, también exigían la culminación de los trabajos, a ninguno de los denunciantes pareció importarles las condiciones de trabajo y vida de los bomberos, más importante fue el centrimetraje y los minutos comunicacionales, la pantallería por encima de la justicia.

No se trata de defender a alguien, cada quien es responsable de lo que hace o deja de hacer y por ello debe responder oportunamente, ante la instancia que sea, de su desempeño. Lo que sí es justo es reconoce a ambos mandatarios, Sabatino y Ramos, los esfuerzos que ambos hicieron para lograr una sede digna para los bomberos, los dos dieron lo mejor de sí en la medida de sus posibilidades, dejar de reconocerlo es mezquindad, así como sería mezquino no resaltar que la iniciativa surgió en el mandato de Sabatino, como lo dijo nuestro amigo Edgar Ruiz Fuentes “al César lo que del César”.

Por cierto que entre los presente no hubo dudas para calificar como el mejor, excelente, el corto discurso de Ruiz Fuentes, quien en su condición de presidente de la Fundación Cuerpo de Bomberos no tuvo miramientos para agradecer a ambos alcaldes por haber pensado en los bomberos. Pero Edgar fue más allá, se dirigió a los habitantes de San Millán y Segrestaa, centros poblados que convergen en la sede bomberil, para decirles, con gran carga de sentimiento “volvió el hijo que se había ido”.

Esa frase resume el sentimiento de todos los efectivos que presentan el principal servicio público de la humanidad: cuidar las vidas y las pertenencias de todos. A la nueva sede vuelven quienes se negaban a salir de la vieja estructura porque sabían que su compromiso es con el pueblo porteño; volvieron quienes a regañadientes aceptaron mudarse a la estación ferroviaria, a pasar necesidades, pero la voluntad estuvo siempre de primero y nunca desmayaron en sus servicios; a la nueva sede vuelven quienes no tienen miramientos a la hora de atender una necesidad por pequeña que sea; pero lo que todos debemos ver es que volvieron a Segrestaa quienes nos cuidan a todos a cambio de nada.

El compromiso ahora es mayor, antes fue por la culminación de los trabajos, por la reactivación en los momentos que fueron paralizados; ahora es por el continuo mantenimiento de esa infraestructura y por culminar lo que haga falta. Luchar para que todos los gobiernos, de todos los colores, de todos los sectores, de todas las tendencias, reconozcan la importancia que tienen los bomberos para Puerto Cabello y no les nieguen ni le recorten recursos creyendo que no son indispensables. Quienes piensan mezquinamente viven en un mundo bizarro.

Los empresarios, comerciantes e industriales también tienen un compromiso, tanto con los bomberos como con la ciudad, retribuir a esos valiosos servidores públicos los esfuerzos que hacen, el riesgo que corren por mantenernos con vida. Ustedes pueden ayudar grandemente, no se nieguen a hacerlo.

Finalmente me permito enviar un abrazo solidario a una persona que estuvo siempre en el centro de los ataques, en la mira de quienes cuestionaron todo lo que se hizo y se dejó de hacer en el cuartel de bomberos: el empresario Carlos Stirpe, quien fue uno de los pocos que jamás se detuvo por las denuncias que se hacía y nunca desmayó en su intención de entregar una infraestructura decente a los bomberos.

"Despierta y Reacciona"

Cada vez que sucede algo en el país, cuya solución necesariamente deba ser tomada en consenso, se habla hasta el cansancio de voluntad política, como una vía apropiada para que todos los sectores de la vida nacional, regional o local limen asperezas, alcancen acuerdos y hasta firmen pactos, siempre con el propósito de solventar el hecho que les preocupa.

Igualmente, cuando en el ámbito político se hace necesaria la toma de decisiones que muchas veces afectan algunos intereses o los intereses de algunos personajes influyentes, o que cambien los “estatus quo” se habla también de la falta o ausencia de voluntad política para echar a andar las recomendaciones que se están analizando.

Sin embargo, la realidad nos demuestra que hay otros casos en lo que la complicidad, la conveniencia, la ceguera, la apariencia, la desconfianza y hasta la terquedad son también cubiertas con el manto de la supuesta ausencia de voluntad política para la toma de algunas decisiones que, como lo dice el argot marino, provoque un cambio de rumbo para llegar a puerto seguro. Veamos.

En muchas ocasiones podemos observar que el común de las personas hace comentarios acerca de la calidad de una o dos obras de infraestructura o de las consecuencias que les acarreará la mala ejecución de los trabajos, se impone un silencio sepulcral del lado de quienes tienen entre sus atribuciones velar porque eso se corrija.

Sucede igual cuando es necesaria la toma de decisiones para corregir algunos “entuertos” que se estén presentando en el desenvolvimiento de algún tipo de gestión; o cuando se ve claramente que se utilizan materiales de mala calidad para engañar al gobernante; o cuando se presume algún tipo de irregularidad, como sobreprecios, sub contrataciones, contratos fantasmas; en todos estos casos siempre hay miles de voces que se alzan en señal de alerta para que se inicien las investigaciones pertinentes o se tomen los correctivos necesarios para evitar “asaltos” al tesoro público; pero como lo señalé antes el silencio se impone y la ceguera reina por no decir la complicidad campea.

Cuesta mucho, a veces, pensar que una persona a la que se le advierte lo que está ocurriendo o se le alerta lo que puede ocurrir no tome la mejor decisión o la decisión correcta en beneficio de su propia integridad moral y por el bien de las comunidades, cuesta porque ¿a quién le va a gustar que lo tilden de corrupto? ¿Quién va a estar cómodo al escuchar que todo lo que hace está signado por la corrupción? ¿quién va a dormir tranquilo pensando que uno de sus subalternos está robando en perjuicio del pueblo? ¿a quién la gusta que en cualquier sitio de burlen de él, diciendo que es un gran pícaro o ladrón de cuello blanco? A nadie le gustaría que lo califiquen de esa forma, sobre todo cuando no se tiene responsabilidad alguna con lo que se está denunciando, sino que su culpa es no haber tomado o no tomar la mejor decisión de manera oportuna.

No obstante, sí hay cierto nivel de responsabilidad en lo que está ocurriendo quizá por omisión, por ser blandengue o por no querer creer lo que está a la vista de todos. Es obvio que cuando alguien presenta algunos cuestionamientos es normal que se de un tiempo prudencial para hacer las investigaciones, para cotejar los hechos que se narran, pero una vez descubierto que es real lo que denuncian ¿Qué hacer? ¿mentir? ¿callar? ¿cerrar los ojos? ¿taparse la nariz?, si esto es lo que se hace entonces surgen dos grandes preguntas: ¿por qué lo tapas? O ¿por cuánto lo callas?

El presidente Chávez en infinidades de oportunidades ha dicho que el gran problema que hay que atacar es la corrupción, lo medular de la revolución es acabar con las corruptelas que hundieron a Venezuela pro muchos años, siglos a lo mejor, pero “aguas abajo” no se está luchando contra la corrupción, bien sea porque los gobernantes se hacen los sordos o porque están envueltos por los cantos de sirena que le lanzan esos funcionarios corruptos que les crean fantasías para que no vean la realidad de las atrocidades que realizan.

A aquellos que no quieren darse cuenta de lo que sucede a su alrededor les cae como anillo al dedo la célebre frase del Magnífico Papa Juan Pablo II “Despierta y Reacciona”, para luchar contra los corruptos hace falta voluntad política pero para abrir los ojos y para escuchar la gritos de las comunidades solo se necesita Despertar y Reaccionar.

Es democracia

Los últimos días han estado muy movidos con las protestas que protagonizan varios grupos de estudiantes universitarios quienes rechazan la salida del aire de la planta televisiva más antigua de Venezuela: RCTV.

Muchos sectores han criticado la actuación de los estudiantes universitarios, sin embargo no hay que olvidar que esa es la vida universitaria: la protesta, el debate, el contraste de ideas en procura de una vida mejor, más digna, decente.

Son incontables las veces que los estudiantes de las diferentes universidades del país han salido a las calles a protestar, unas veces de manera pacífica y otras de forma violenta, sobretodo cuando han sido infiltrados, por diversos temas que los afecta, como el transporte, el valor del pasaje, el buen funcionamiento de los comedores, por falta de dotación y equipos para estudiar, por las intransigencias de algunos profesores, por la inseguridad, y ahora lo hacen por lo que consideran es una seria amenaza a la libertad de expresión en Venezuela.

Indudablemente que las acciones que han llevado adelante los estudiantes universitarios, de entes privados y públicos, ricos y pobres, de grandes y pequeñas universidades, de todos los sectores, son claro ejercicio del derecho político constitucional consagrado en el artículo 68 de la Carta Magna “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.

La protesta es el derecho que tenemos todos quienes habitamos en esta tierra para decir públicamente si estamos de acuerdo o no con un tema en particular, pero además es uno de los pilares fundamentales sobre los que descansa la democracia, el disenso, la posibilidad de contrastar pensamientos, la oportunidad para que todos escuchemos las ideas de los demás para que nos formemos nuestra opinión de las cosas o hechos que se cuestionan o apoyan.

Precisamente este sistema democrático, el que nos da libertad de asociación, libertad de culto, libertad de expresión, el que nos garantiza el derecho a movilizarnos libremente, a reunirnos con quien queramos, el que nos da la oportunidad de escoger lo que deseamos estudiar, libertad para vivir, para compartir, para debatir, en fin, para hacer todo lo que sea lícito y en respeto a los derechos de los demás ciudadanos, es el único que muchos de nosotros conocemos, al igual que es el único en el que han vivido la inmensa mayoría de los jóvenes que hoy protestan en las calles de Venezuela.

Por eso, es razonable y entendible la actitud de la masa estudiantil de defender lo que les da vida y razón de ser, no se le puede pedir a los estudiantes que dejen de lado que están haciendo para defender lo que no conocen: los atropellos, las imposiciones o las dictaduras. Si tuvieran algún tipo de experiencia con esos sistemas es muy probable que cada uno tenga su opinión al respecto y podamos entonces exigirles que asuman otro tipo de posiciones.

También se ha dicho que están siendo manipulados. Señores, aquí todos estamos siendo manipulados, TODOS. Por una sencilla razón: no somos los protagonistas, no tenemos el poder de decisión en nuestras manos, no somos nosotros quienes crean las matrices de opinión, simplemente respondemos a una u otra tendencia según lo que creamos o lo que veamos razonable de lo que nos dicen, allí está la manipulación.

Hay muchos afectos al presidente, hasta connotados dirigentes, que no ven con buenos ojos el lema Patria, Socialismo y Muerte, lo sé por que me lo han dicho; pero también hay sectores de la oposición que están desilusionados y hasta rechazan la figura de Manuel Rosales, ¿Pero qué van a hacer?, ¿Va a salir uno de esos flamantes dirigentes oficiales a decir que no está de acuerdo con el lema presidencial? ¿Va a cambiar el lema porque alguien desde Puerto Cabello diga que no está de acuerdo? ¿Rosales va a cerrar su partido porque alguien en Morón siente que lo traicionó? ¿Van a desaparecer los dirigentes políticos nacionales de oposición porque alguien en El Palito está cansado de los mismos rostros de siempre?

La respuesta a todas estas interrogantes es NO, ¿por qué? Porque la decisión no está en nuestras manos, solamente recibimos información, la procesamos en nuestra mente, la contrastamos con el conocimiento que tenemos basado en la experiencia y asumimos una posición, buena o no es nuestra percepción y debe ser aceptada por todos, criticada por muchos pero tolerada por todos, si no es así no es democracia.

El fracaso de los proyectos

Muchas personas se me han acercado para hacerme llegar su preocupación por algunos proyectos de obras, otros de servicios y otros tantos “de progreso”, que lamentablemente no han sido ejecutados en Puerto Cabello. También les causa malestar que muy pocos proyectos han comenzado a ser ejecutados pero lamentablemente se quedan en el aparato, como se dice en el argot popular.

La dinámica del proceso de la administración pública, a todo nivel, requiere que se dedique mucho tiempo a la planificación como una vía segura a encontrar soluciones a los tantos problemas que azotan a las comunidades. La tarea de “pensar en grande” se debe esencialmente a que cuando se va a acometer alguna obra o se va a iniciar la prestación de cualquier servicio, en este caso público, debe haberse sopesado todos los escenarios posibles que pudieran presentarse, para optimizar la intención del ente público y tener a la mano la mejor decisión para su implementación.

Sin embargo, es común observar que en muchos casos el proceso de planificación se ve infectado por los intereses y apetencias personales que dan al traste de algunas de las etapas que deben cumplirse, lo que se traduce lamentablemente en perjuicio paras las comunidades que inocentemente creyeron en sus “cantos de sirena” como soluciones.

Son muchas las ocasiones en que los anteproyectos, o los mismos proyectos, responden a la intención de la persona que los ideó sin tomar en cuenta las realidades o las necesidades de la población. Es bueno aclarar que aunque por mandato constitucional y legal toda planificación debe ser consultada con los potenciales beneficiarios, pero tristemente algunos personeros se establecen primero sus apetencias y las traducen en posibles temas o soluciones que luego son presentadas de manera soterrada para la aprobación de los incautos que luego de presentar sus puntos de vistas en mesas de trabajo interminables, se dan cuenta que sus opiniones quedaron relegadas a los últimos puestos de la lista de prioridades. Esta trampa ocasiona inexorablemente el desapego de las comunidades con los trabajos que vayan a iniciarse pues no se sienten representados ni compenetrados con el proyecto en cuestión por haber sido concebido por una mentalidad divorciada de sus realidades.

Otro error que se comete, y en mayor volumen, es en el proceso de ejecución de los proyectos. En primer lugar, si se trata de una obra siempre está latente la ambición de los contratistas que anteponen sus apetencias económicas al compromiso social de solventar el problema que se ataca con ese proyecto. Los casos más comunes los vemos en la utilización de materiales de baja o mala calidad con la mirada puesta en elevar los niveles de ganancias, sin importar que a los pocos días los trabajos queden completamente destruidos. Igualmente se presentan casos en los que el transcurrir del tiempo se consume todo el dinero que ha sido presupuestado y la obra queda inconclusa por lo que toman la vía más fácil: inventar “etapas” para inyectarle más presupuesto. La inmensa mayoría de las veces las verdaderas justificaciones de esa solicitud de nuevos recursos económicos es el gran interés de desangrar el erario público.

En ambos casos el elemento de la corrupción está presente de manera relevante. En primer término porque se piensa la realización de un trabajo para enriquecer las cuentas bancarias de alguien y se comienza un supuesto trabajo de planificación, por consulta pública, que no es más que la máscara que se emplea para avalar las ideas de ese voraz funcionario, y en el segundo caso porque se buscan todos los subterfugios posibles para crear en una obra tantas etapas como dinero deseen.

Pero el verdadero común denominador de todas esas “trampas” es la incapacidad. Incapacidad de algunos funcionarios ejecutar los proyectos que él mismo impulsó, sea porque no es planificador, como se hace llamar, sino que se dedica a robar las ideas de otros para hacerse una supuesta plataforma pero que a la hora de demostrar sus cualidades profesionales se queda mirando al cielo y se esconde porque no acepta su realidad. Incapacidad para aceptar que sus supuestas ideas no son las únicas que existen en la tierra, ni tampoco es el único que puede llevar adelante una tarea. Incapacidad para ejecutar correctamente la etapa de control del proyecto por dos sencillas razones: Porque el proyecto no es propio sino que se lo robó a otra persona y por eso no sabe cómo ejecutarlo, y en segundo lugar porque cuando está empezando a entenderlo le estampa el sello de la corrupción por todos lados. ¿Sabe usted, amigo lector, cuántos proyectos fantasiosos no llegan a ejecutarse porque son una vil mentira o porque están impregnados de corrupción?

Inseguridad: Sabemos quienes nos engañan

Pese a los grandes esfuerzos que dicen realizar las autoridades encargadas de velar por la seguridad y la integridad física en Venezuela, continúa el baño de sangre en diversos puntos del país y sobretodo en Puerto Cabello, municipio donde la criminalidad ha alcanzado niveles de tal magnitud que en varias oportunidades hemos pasado a liderar las estadísticas rojas al finalizar los fines de semana en el estado Carabobo.

A diario, a toda hora, en cualquier sector de la ciudad se sabe de las actuaciones de la delincuencia que no se amedrenta ante las pronunciados actos de combate ofrecidos por los órganos de seguridad del Estado. Por el contrario, el hampa anda haciendo de las suyas por las distintas calles, avenidas, barrios y urbanizaciones del otrora apacible Puerto Cabello sin importarles, obviamente, la imagen que reflejamos ante el resto del país, lo que ahuyenta no sólo a quienes piensan en venir a esta zona para tomar algún descanso sino que aleja a los inversionistas.

La crisis de inseguridad que atraviesa Venezuela debe ser atendida eficiente y eficazmente por todos los sectores de la sociedad, sin importar el rango constitucional o administrativo que se tenga, ni los niveles de competencia (o de incompetencia como diría Petter) que tengo autoridad alguna en materia de brindar seguridad a la población.

La seguridad es un tema que atraviesa transversalmente a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil. Nadie que habite en este territorio (léase nacional, regional o local) puede hacerse el loco ate el auge delictivo y decir alegremente que eso no es materia de su competencia. Tampoco podemos quedarnos callados y menos de brazos cruzados quienes no ejercemos funciones públicas para dejar toda la carga de esta vital materia a los gobiernos, todos debemos aportar nuestro granito de arena en la búsqueda de soluciones a este problema y en la ejecución de las estrategias que sean diseñadas para minimizarlo.

Desde hace mucho tiempo se viene hablando de “tomar el toro por los cachos”, ofreciéndose como primer eslabón para acabar con la inseguridad depurar los cuerpos policiales, seguido de mayor dotación para las policías, el establecimiento de los recordados comandos policiales unificados, los operativos mixtos policía-militares, celeridad en los tribunales, cumplimiento de los mandatos legales, aplicación de penas ejemplarizantes, pero nada de nada. Hoy lo que vemos en las calles es sangre, tiros, robos, asaltos, secuestros, violaciones, por solo decir los que causan conmoción pública, mientras los encargados de velar por el mejoramiento de la calidad de vida siguen empeñados en reunirse para buscarle una solución que necesita acción más allá de los debates.

Esas fulanas reuniones, insisto, no sirve más que de pantallerías, para hacer creer a la población que están preocupados y trabajando para solventar la situación de inseguridad y otros problemas, son reuniones en las que se cae a embustes ofreciendo colaboraciones, apoyos logísticos, tácticos y económicos, que nunca llegan a concretarse hasta que vuelven a reunirse llamados por algún caso de relevancia que amerite sus supuestas preocupaciones.

Basta con hacer una revisión ligera de la prensa de los últimos seis meses para darse cuenta del fracaso que representan las reuniones de trabajo para solventar alguna anormalidad. Busque usted amigo lector tres o cuatro periódicos y revise la cantidad de problemas que tratan de ser solucionados con reuniones para que se cerciore de lo que le estoy diciendo: continúa la inseguridad, la pornografía infantil, la deserción escolar, la crisis de agua, la falta de medicamentos, la especulación, el acaparamiento, el desempleo, etc.

La inseguridad no se resuelve con reuniones, ni echándole la culpa a los demás, hay que tomar decisiones y ejercer acciones de inmediato: dotar los cuerpos policiales, realizar operativos continuos, afinar los trabajos de inteligencia, estar permanentemente en la calle, los expertos en el tema saben lo que tienen que hacer, así como conocen lo que están haciendo para no minimizar los altos índices de inseguridad. Todos estamos consientes del rol que tenemos, todos sabemos lo que estamos haciendo, todos sabemos quienes nos están mintiendo.