lunes, 26 de marzo de 2007

Ciudad SIN LEY

Muy a pesar de los esfuerzos que puedan realizarse por tratar de lograr un municipio con mayor y mejor calidad de vida, todas esas iniciativas se desinflan apenas se voltea la mirada y de constata que realmente vivimos en una ciudad en la que no se respetan las normas establecidas para la convivencia, ni se respetan los derechos de los demás, ni se hace nada por hacer valer el imperio de la Ley. En resumen: vivimos en una ciudad sin ley. Veamos:
Varios sectores de la ciudad, principalmente los alrededores de la estación de servicios Miranda, la calle Puerto Cabello y en la vía a las playas frente al Ipapc, han sido convertidas en estacionamientos y talleres al aire libre para gandolas. A cualquier hora del día se puede observar un sinnúmero de vehículos de carga pesada atravesados en la vía como les da la gana a sus conductores, apenas dejando pocos metros para que otro vehículo pase cuando ellos quieran. En esa misma zona existen dos estacionamientos privados y cuando van a ingresar o salir esos pesados vehículos el tránsito se paraliza mientras duran las maniobras de las dos, tres y hasta cuatro gandolas.
Otro caos se genera con la entrada o salida de esas gandolas del Ipapc. Para entrar ya se ha hecho costumbre las kilométricas colas que se forman cerca del distribuidor El Cangrejo provocadas por dos causas: los controles de acceso al instituto portuario y la voluntad de los gandoleros de tomarse toda la vía para ellos, sin importarles el trabajo, estudio o necesidad de los demás.
La salida es peor. Se atraviesan en la vía para conversar con los otros choferes o para que pase otra gandola, se estacionan sobre el área de circulación de vehículos y los que cargan a granel “dan la vuelta en U” para irse del Ipapc a Ocamar también sin importarles los demás.
Si algún conductor de automóvil logra sortear esas “pequeñas” barreras deberá enfrentarse entonces a la gran velocidad con la que corren esas máquinas que van sembrando el terror a su paso. Esta misma situación de peligro la ocasionan los llamados “caravaneros” quienes con el apetito económico pasan por las vías como “ánima que lleva el diablo”, por cualquier espacio se atraviesan algunas veces con saldo lamentable.
Hay una situación también peligrosa que se presenta al término del distribuidor El Cangrejo, precisamente al lado de la Escuela de Molinería. Las actividades de la una empresa almacenadora que con todo su derecho ejerce libremente su comercio, pero en perjuicio de los porteños. Sus alrededores también se han convertido en un estacionamiento de gandolas, pero lo más grave es la continua entrada y salida de esos vehículos que ponen en riesgo la vida de todos quienes circulan por esa arteria vial, pues a cada rato te encuentras con una gandola atravesada, saliendo o entrando, que te obliga a parar el automóvil. Entendemos su derecho al trabajo pero nuestros derechos no fueron tomados en cuenta a la hora de extender sus permisos.
Lo que pasa con los corredores viales no tiene nombre. Ya se ha convertido en una grosería la cola que se forma en el área del Centro Comercial Plaza, a toda hora, todo tipo de vehículo, que la hace interminable y cansona. Da dolor tener que pasar por esa zona, por necesidad, por razones de trabajo o estudio. Si tienes una cita y tienes que pasar por allí es mejor salir de casa dos horas antes cuando menos.
Al incumplimiento del corredor vial se le suma las ocurrencias de los taxistas y los conductores de busetas que continúan irrespetando los sitios identificados como paradas y se detienen cada tres metros incluso para tomar pasajeros, atravesándose en la vía, no hace falta describir o mencionar una calle en particular porque TODAS han sido tomadas por esos conductores.
El poco espacio de esta columna no nos permite seguir relacionando la aberraciones que ocurren en nuestro Puerto Cabello, pero los invito amigos lectores a que por unos minutos vean lo que ocurre a nuestro alrededor y seguro que encontrarán más violaciones a las normas, siempre en perjuicio del transeúnte, del que anda a pie, del que menos tiene.
Aunque la mayoría de los casos que hoy presento tienen como común denominador el tránsito, cualquier autoridad tiene la obligación de hacer valer los derechos de todos quienes habitamos en esta tierra, así no sea materia de su competencia. Sobretodo porque hay muchos casos en que se debe revisar la permisología y en otros exigirla para el debido funcionamiento. No valen las excusas.

lunes, 19 de marzo de 2007

Constructores Populares

Un nuevo reto, precedido de un gran regaño, lanzó el presidente Hugo Chávez a todos los funcionarios públicos, especialmente quienes tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar, para impulsar el Quinto Motor Constituyente (Explosión del Poder Popular) al exigirles “la activación de las Escuelas de Constructores Populares”, instancia que tiene como misión combatir la ineficiencia, el burocratismo y las corruptelas.

El mandatario nacional mostró su inconformidad con los retrasos en que han caído algunas obras que fueron ofrecidas a ciertas comunidades como una vía para salir de las crisis económica y social que viven barrios enteros y urbanizaciones populares, realidad que se vive a diario en muchos estados y municipios del país donde no se ven cristalizados los proyectos del gobierno nacional por falta de voluntad o por desapego a las directrices nacionales, jugando de esa manera con la necesidad de pueblo.

Al escuchar los reclamos de los habitantes por el incumplimiento de las promesas, el Presidente, en su programa dominical, interrogó a los responsables de los ministerios, gobernaciones y alcaldías respectivas, con el propósito de determinar las causas de las fallas, encontrando como respuesta que algunas empresas contratistas, por diversas razones, no han iniciado los trabajos o que el retardo en que cayeron provocó el incremento de los proyectos y ahora la obra necesita un nuevo financiamiento.

Chávez insistió en que la solución para este tipo de situaciones es la organización popular, la alineación del pueblo en torno a una empresas de producción social que les permita acceder a la realización de obras en sus comunidades, garantizando de esa manera la correcta ejecución de los trabajos, así como el cumplimiento de los lapsos y la verificación de que las cosas de hagan como deber ser y no como convenga a alguien.

Para esta nueva tarea, que lleva varios años de retardo, se ha propuesto que se invite a los nuevos profesionales de la ingeniería de las universidades públicas, a los integrantes de la Misión Vuelvan Caras y a los consejos comunales para que entre todos formen esas EPS y comiencen a ejercer el verdadero poder popular. La intención es que se incorporen a todos los eslabones de la cadena de construcción, desde la contratación de mano de obra hasta la elaboración de algunos materiales.

Sin duda alguna, este nuevo lineamiento presidencial va de la mano con las estadísticas que se han venido manejando en las últimas semanas las cuales indican que existe resistencia en algunos niveles de gobierno, especialmente gobernaciones y alcaldías, en abrirles las puertas a los consejos comunales.

La semana pasada ya se había dicho que las ejecutorias de los gobiernos locales deberían marchar de la mano con los consejos comunales como una manera de garantizar la participación popular en la toma de decisiones y en el cumplimiento de las responsabilidades públicas.

Ahora bien, con estas escuelas de constructores populares el gobierno nacional lo que busca es saltar las barreras que han sido impuestas o edificadas por grandes consorcios constructores que se han apoderado de la mayoría de los contratos de obras, o los mejores, en los organismos públicos sin tomar en cuenta a las asociaciones de vecinos, juntas parroquiales y consejos comunales, al menos en materia de contratación de personal.

El encargo del Presidente seguramente encontrará dificultades en su cumplimiento pues son muchos los años en que los gobiernos han vivido muy apegados a la “devolución de favores” económico-electorales, y a beneficiar a ciertas elites que solo buscan el provecho propio, alejados de la responsabilidad social o del compromiso de hacer bien las obras en provecho de las comunidades y de espalda al pueblo.

Sin embargo, como lo dijo Chávez, en aquellas instancias de gobierno en las que la palabra del Presidente es una norma o que ya están trabajando con los consejos comunales el “nuevo reto” es la ratificación de la estrategia de darle más poder al pueblo, de hacer de la democracia una verdadera participación popular y de incorporar a la población en la búsqueda de soluciones a los problemas que padecen. Y en muchos casos la ejecución de obras es otro de los problemas que afrontan los vecinos.

Esta intención también es un nuevo compromiso para los consejos comunales porque además de ser actores principales en la ejecución de obras no pueden olvidar su tarea de contralores sociales y que por encima de todo deben estar pendientes de que los trabajos se ejecuten de la manera correcta y los procesos de asignación de contratos sean lo más transparentes posible.

lunes, 12 de marzo de 2007

Los consejos comunales son para todos

Hay que perder el miedo. Dejar a un lado las diferencias políticas, ideológicas o de cualquier tipo para adentrarse en el mundo de la participación ciudadana, consagrada primero en la Constitución Nacional y ahora impulsada por el Quinto Motor Revolucionario propuesto por el presidente Hugo Chávez: La Explosión del Poder Comunal.

Cuando hablo de “miedo” me refiero al escepticismo que existe en algunos sectores de la población venezolana en lo que se refiere a integrarse o no a los Consejos Comunales, eslabón primordial del proceso participativo y que tiene una gran importancia en materia de crecimiento, desarrollo y consolidación no solo de los sectores en lo que tienen competencia, sino también en las zonas de influencia.

De acuerdo a la ley que los regula, los consejos comunales “son instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades…”.

Como bien lo señala, son espacios abiertos a todos los sectores sociales interesados en buscar salidas, soluciones, a los problemas que atraviesan sus comunidades y también en el crecimiento del sector donde residen. El único requisito exigible para integrar un consejo comunal no es el carné político o determinada militancia partidista, por el contrario la motivación de la participación comunal debe ser la preocupación por el modo de vida de sus vecinos, disposición a trabajar en la búsqueda de soluciones, capacidad de trabajo y amplitud de tiempo.

El segundo temor (también convertido en crítica) que se le tiene a los consejos comunales es en cuanto a la capacidad de sus integrantes. Esta tendencia tiene dos vertientes para analizar. En primer lugar, todo ser humano, hombre o mujer, tiene capacidad intelectual para realizar un trabajo, absolutamente todos. Engaña aquel que señala que el trabajo comunitario está destinado para personas de mínima preparación educativa. Igual miente la persona que dice que por su posición económica o profesional no puede realizar algún trabajo o que simplemente todas las labores están reservadas a los profesionales. Cada uno de nosotros conoce el alcance de su talento, sabe perfectamente lo que es capaz de hacer o no hacer. Pero para el trabajo comunitario lo que sí hay que tener es VOLUNTAD.

En segundo lugar, por ser un espacio amplísimo para la participación, cualquier integrante de nuestra sociedad (profesional, obrero, empleado, estudiante, etc.) puede incorporarse a los comités de trabajo que componen un consejo comunal: salud, tierra urbana o rural, vivienda y hábitat, protección e igualdad social, economía popular, cultura, seguridad integral, comunicación e información, recreación y deportes, alimentación, servicios, mesas técnicas de agua, energía y gas.

Quién ha dicho que un médico no puede formar parte de un consejo comunal si su área de trabajo es la salud y precisamente existe un comité que trata esa materia y otro de alimentación. Los abogados también tienen su espacio en los comités de tierra urbana, protección o el de seguridad integral. Los economistas pueden perfectamente trabajar en el área de economía popular o el banco comunal; los contadores públicos en la contraloría social o el banco comunal; los periodistas, locutores y trabajadores de medios en el comité de comunicación e información; en fin, todas las profesiones, aptitudes, talentos, pueden estar representados en un consejo comunal. Sólo hace falta tener VOLUNTAD para trabajar en pro de la comunidad.
Aquellos que critican a priori a los consejos comunales con el vago argumento de “esa gente no están preparadas para eso”, son algunos profesionales universitarios y otros no profesionales pero sí con mucho talento que tienen una característica común: Ni tienen voluntad ni quieren trabajar a favor de sus vecinos.

Toda persona que esté interesada o preocupada por el futuro de su comunidad debe incorporarse a los consejos comunales, a hacer propuestas, a adelantar trabajos, a hacer críticas oportunas, a trabajar. La multiplicidad de criterios, convicciones, talentos y profesiones es una garantía de transparencia y de correcto funcionamiento de esa instancia, características vitales cuando desde el Gobierno nacional se impulsa la idea de que los consejos comunales no se queden en obras de Bs. 30 millones sino que trasciendan muchos espacios.

lunes, 5 de marzo de 2007

El nuevo puerto de Puerto Cabello

Los próximos años serán para nuestra ciudad los más deslumbrantes de llegarse a cristalizar los proyectos de inversión extranjeras que se conocen hasta ahora. No se trata de aportes gubernamentales, como tradicionalmente se cree que es como avanzan las ciudades, sino el interés de grupos de inversionistas privados que han puestos sus ojos en este pedacito de tierra bendito por Dios y estimulado por la naturaleza.

Un grupo de inversionistas genoveses han propuesto convertir a Puerto Cabello en el puerto más grande e importante de América, incluso capaz de recibir buques que no atraviesan el Canal de Panamá. Este proyecto de infraestructura ya fue presentado al nuevo Embajador de Venezuela en Italia, Rafael Lacava.

Los capitalistas plantean la construcción de un gran puerto de aguas profundas mar afuera, enfrente a las costas de nuestro municipio, para dar cabida a los supertanqueros y a los barcos de gran calado que no pueden ser recibidos en los puertos de la región, ni hacer la navegación transoceánica por el citado Canal.

Esta nueva estructura, con trabajos similares a los realizados para la construcción del aeropuerto de Hong Kong, catapultaría a nuestra ciudad no solo como referencia marítima del Caribe y más allá, sino que contribuirá enormemente con la generación de empleos, con el crecimiento de la economía y le daría a Puerto Cabello un atractivo adicional para explotarlo junto a sus bellezas naturales, al pasar a ser del puerto más importante de Venezuela al de más grandes dimensiones, calado y servicio de toda América.

La iniciativa de los inversionistas italianos debe ser ampliamente divulgada y concienzudamente estudiada y revisada por todos los sectores de la sociedad porteña: desde los empresarios hasta los consejos comunales pasando por los gremios profesionales y trabajadores, para ser respaldada por todos a quienes nos interesa el futuro del municipio, su crecimiento y consolidación.

Este nuevo puerto, junto a los proyectos del área turística y las ampliaciones del actual Ipapc y la Refinería El Palito, debe ser la vanguardia de todas las luchas, tareas o jornadas que se tienen pensadas para apuntalar a Puerto Cabello como un polo atractivo a la inversión nacional y foránea.

Sin embargo, es propicio advertir que esas intenciones de crecimiento no deben quedarse en simples intenciones ni deben ser espantadas por los trasnochos de algunos grupos que sólo piensan en sus propios intereses y se encargan de destruir todo tipo de crecimiento o ideas que no provengan de sus cerebros.

En el caso del nuevo Terminal marítimo ciertamente deben realizarse todos los estudios de rigor, impacto ambiental incluido, pero no pueden ser excusa para que no sea construido en Puerto Cabello pero sí en otra región del país. Reitero, todos debemos cerrar filas en pro de nuestro municipio, incluso recordarle a Lacava que sus nuevas responsabilidades, precisamente como Embajador en la patria de los inversionistas promotores del proyecto, es una fortaleza inmensa para cristalizarlo.

Tampoco debe ser limitante el natural impacto que esa estructura y la ampliación del mercado marítimo tendrá sobre la ciudad. El deterioro no debe ser la barrera, por el contrario se deben establecer mecanismos claros, precisos y seguros para que la ciudad vea resarcido, a modo de inversión en infraestructura y servicios, los daños que sean causados. El norte, el objetivo y el fin es Puerto Cabello y hacia allá debemos marchar.

sábado, 3 de marzo de 2007

El Silencio del 12.5

La ciudad continúa silente ante la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en torno a la Ley General de Puertos. Las autoridades municipales han hecho varias reuniones de trabajo para analizar el caso de la anulación del artículo 51 de la citada ley, sin embargo no ha habido intentos de movilizaciones, debates ni foros públicos en los que se le informe al pueblo porteño los alcances y las consecuencias del pronunciamiento de la Sala Constitucional.

El silencio del común de la gente pareciera querer demostrar que muy pocos están interesados en el tema, por desconocimiento o simplemente que no se sienten identificados con la defensa de los recursos.- Esta última tendencia es la más grave pues si el dinero que aportaba el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello al municipio fue utilizado en beneficiar a la colectividad, en mejorar la calidad de vida, los servicios públicos y la infraestructura del municipio, muchos deberían ser los dolientes.

La incidencia de los muelles en la infraestructura local es conocida por todos, y hartamente expresada en los medios de comunicación social, por ello es necesario recordar que el tema es de interés público por lo que todos los sectores de la población están llamados no sólo a pronunciarse, sino a levantar las banderas de defensa de la ciudad.

Puerto Cabello es el único municipio en el ámbito nacional que resultó perjudicado por la decisión tribunalicia. Los demás municipios donde existen muelles, la administración de los puertos está en manos de empresas privadas que por intermedio de concesiones se encargan de su manejo. De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Puertos, esas empresas deben cancelar al Fisco Municipal de la jurisdicción el correspondiente impuesto municipal por actividades económicas, con una alícuota que no excederá el 12.5% de sus ingresos brutos.

Precisamente ese era el aporte que el artículo 51 estableció en los casos en que la administración portuaria quedase en manos del estado, bajo la figura de Institutos Autónomos.
La transferencia o no de los recursos económicos no debe ser el punto central de la discusión. Por el contrario, no debería importar quién administra, si el dinero es utilizado en obras que redunden en beneficio del colectivo. La verdadera lucha debe ser por dejar claramente establecido, en la instancia que sea, que es una razón de JUSTICIA que Puerto Cabello reciba no el 12.5% de los ingresos del Ipapc, sino más de esa cantidad, para que sean invertidos en resarcir el natural daño que el uso del puerto genera en las calles, avenidas, puentes, ambiente y calidad de vida de quienes aquí habitamos.

Respeto la tesis de pedir la recentralización del puerto como el mecanismo más seguro para que ese aporte se invierta en Puerto Cabello. Pero, todos recordamos la dura lucha que se libró en pos de la descentralización y las duras críticas que se hicieron a los jerarcas que venidos de otras latitudes ejercían la máxima dirección del fenecido Instituto Nacional de Puertos.

Ahora recibimos la información de la posibilidad de un acuerdo entre la alcaldía y el Ipapc para la transferencia de los recursos que se adeudan, lo que sin duda es una excelente noticia para las comunidades que serán beneficiadas con las obras que se presupuestaron para ser ejecutadas este año con ese dinero. Pero, recuerden ahí no debería terminar el reclamo.

Finalmente, con respecto a Fonporis, organismo municipal creado para manejar los recursos aportados por el Ipapc, es propicio reiterar la recomendación arriba señalada: que reúnan a las comunidades que fueron favorecidas con las obras que se ejecutaron, con los dineros que manejaron y sean ellas los vivos ejemplos de la pertinencia del aporte en reclamo.
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