La ciudad continúa convulsionada por los siniestros efectos que produjo el otorgamiento de un permiso, a todas luces ilegal, inmoral e inconstitucional, por parte del Concejo Municipal porteño a unos empresarios para que establecieran una almacenadora en una zona residencial del municipio. El caso no raya en lo increíble sino que va más allá, es una clara demostración de la incapacidad e improvisación a que está sometido Puerto Cabello por parte de las actuales autoridades gubernamentales.
La pretendida permisología puede ser analizada en dos vertientes: la primera, como una irresponsabilidad de los concejales de otorgar un permiso para que funcionara la almacenadora sin tomar en cuenta el impacto ambiental, de tránsito, y mucho menos los efectos que iba a causar en la vida de los habitantes de sectores como Bartolomé Salom, Paralelo 38 y Barrio Escondido.
En un hecho sin precedentes se dio permiso para que se instalara el abuso en contra del pueblo, no de parte de los empresarios, sino de los conductores llamados “caravaneros” que andan en la vía como alma que lleva el diablo, abusando y causando accidentes, actitud que los únicos que la desconocen son quienes levantaron sus manos, algunos dicen que las dos, para aprobar el permiso.
La segunda vertiente de análisis es que sabiendo los concejales que son incompetentes para tratar el citado caso, no le pararon a la legalidad y se desbocaron a dar un permiso a que a la postre resultó nulo de toda nulidad, como bien lo dijo Iskra Vargas, directora de Servicios Públicos de la Alcaldía. El iniciativa empresarial fue burlada por el comportamiento ilegal de los concejales que además le causaron perjuicio económico porque según los entendidos en la materia el movimiento de tierra que se hizo en el terreno tiene un valor aproximado a los 600 millones de bolívares, pérdida de la que nadie se hará responsable. Es decir, un grupo de concejales de reúnen para analizar una solicitud de unos empresarios y sabiéndose incompetentes para complacer la petición la dan aun sabiendo los perjuicios que ocasionarían, las perdidas generarían y la mala imagen que le harían a los solicitantes.
Otro hecho que debe ser analizado es que al momento de defenderse algunos de los que se sintieron afectados por las críticas encendieron el ventilador y comenzaron a echar “paja” para todos lados. La defensa-acusación más importante fue la del presidente del Concejo Municipal, médico Fernando Arévalo, quien sin ningún tapujo informó que el jefe de Rentas Municipales, Jorge León, le confirmó, supuestamente, “que la mayoría de los establecimientos donde se guardan carros funcionan sin permiso”. Si lo que dice Arévalo es cierto “esto es para coger palco”, como se dice popularmente, el propio jefe de Rentas sabe y conoce que existen empresas funcionando sin permiso y no ha hecho nada para cerrarlas, siendo esa su competencia y su misión de trabajo. En qué quedamos entonces: ¿incompetencia? ¿Debilidad? ¿Complicidad? O ¿vagancia? Porque no es ceguera porque según Arévalo se saben donde están ubicadas.
Mención aparte merece el intento irresponsable, vago y alegre, de achacarle la responsabilidad de todo a la arquitecto Yaneth Doumet de Alcalá. Quisieron ensuciarle su hoja de servicio pero no pudieron por dos razones: primero, no fue ella quien firmó el permiso para que funcionara la almacenadora y segundo, todos en Puerto Cabello conocemos la personalidad de Yaneth, una funcionaria que le queda grande al actual gobierno municipal. Honesta, decente, responsable, trabajadora, prístina en su actuación y con una hoja de vida límpida.
Hay que reconocer la actitud gallarda de Iskra Vargas y Yaneth de Alcalá, quienes fueron las únicas que salieron a dar la cara por el gobierno local para aclarar toda la situación. Los demás funcionarios y el propio mandatario quedaron en silencio y escondidos, era obvio que eso sucediera pues nadie quería quedar mal con los empresarios, por algo será.
