Más dinero para gastar

Lo que sucede con la obra del canal de la urbanización Santa Cruz no es cosa de juegos. Están alejados de la realidad aquellos que piensan que se trata simplemente de una obra inconclusa a la que habrá que inyectarle más dinero para que pueda ser finalizada. Esa es una visión miope de la realidad.

En las últimas semanas hemos observado el reclamo de los contralores sociales de Santa Cruz, quienes precisamente haciendo uso de un derecho y cumpliendo con las directrices emanadas por el presidente Hugo Chávez han hecho señalamientos contundentes de los trabajos que se vienen realizando.

Mala ejecución de la obra, agotamiento del presupuesto, contratación inapropiada, son algunas de las acusaciones hechas por los dirigentes vecinales que decidieron conformar comisiones de trabajo para vigilar permanentemente la zona de trabajo e impedir que por cualquier motivo retiren las maquinarias del canal sin haber concluido los trabajos.

La respuesta ofrecida al cuestionamiento vecinal la pudiéramos calificar como tradicional, pero tradicional como en la cuarta república. Los denunciantes fueron descalificados política y personalmente y las denuncias no han sido aclaradas sino que se ha tratado de desvirtuar los señalamientos con argumentos falaces. Lo más contundente de la respuesta oficial ha sido la decisión de aportar más dinero al presupuesto “para que se puede culminar la obra que no está inconclusa”, dijo el alcalde Ramos.

Hasta aquí todo iría bien. Le correspondería entonces a los contralores sociales y a todos los dirigentes vecinales de la urbanización Santa Cruz estar vigilantes al reinicio de los trabajos y velar porque se ejecuten correctamente y en los lapsos previstos para ello, aunque ya han sobrepasado ampliamente los cuatro meses ofrecidos para disfrutar de una nueva visión del canal.

Sin embargo, se pretende esconder una realidad que es más grave que la no culminación de esos trabajos. Una verdad que es mucho más volátil y que perjudica o perjudicará, Dios no lo quiera, a un sector mayor de la población.

Por distintas vías hemos sabido que de acuerdo a un estudio técnico realizado por un grupo de ingenieros de esta localidad, a instancias del Colegio de Ingenieros de Puerto Cabello, en la zona de influencia del canal de Santa Cruz revela que hay una potencial amenaza de derrumbe de la vía principal de esa urbanización, lo que dejaría prácticamente incomunicada no sólo a esa zona sino al pueblo de Goaigoaza y se eliminaría la interconexión con sectores de la parroquia Juan José Flores.

Según esa investigación técnica, el principal problema, obstáculo o inconveniente que debe superar el canal de Santa Cruz es la filtración de aguas negras que se produce subterráneamente a uno de sus lados. Al parecer, eso se debe a que el sistema de cloacas colapsó y se mantienen una permanente filtración en el terreno que provoca el ablandamiento de la tierra y que ésta vaya cediendo.

Las primeras muestras de ese problema han sido los descalabros de los concretos de la canalización antigua y actual, según el estudio. Pero la gravedad no se queda en el canal. Sostienen los expertos que las evaluaciones hechas indican que la tierra que está debajo de la vía principal “se está carcomiendo” y sobre ella pesa el riesgo del derrumbe, lo que ocasionaría daños incalculables.

Esa amenaza es conocida por las autoridades gubernamentales locales porque también han tenido acceso a los estudios que realiza el Colegio de Ingenieros, pero hasta ahora el silencio ha sido sepulcral, solamente se preocupan por buscar más dinero para incrementar el presupuesto de la actual reconstrucción del canal y quitarse esa raya de encima.

La visión gubernamental de ese problema es incorrecta. Primero deben solventar integralmente la crisis del sistema de cloacas, luego del terreno de toda la zona y posteriormente resolver la situación de la reconstrucción del canal, no como lo pretenden hacer: terminar el canal y luego sentarse a esperar que se caiga la vía principal, se dañe nuevamente el canal, haya otros daños mayores, para volver a ejecutar la obra, ahora con más dinero y amparado en una situación de emergencia.

Pensar de esa manera (calculadora) no es actuar éticamente, lo que sí evidencia es que existe la intención de atacar los problemas sin solventar las verdaderas causas (puro maquillaje). Prefieren bajar la fiebre sin importarles las causas de la afección. Prefieren gastar más que invertir correctamente. Se inclinan por creer que el pueblo es pendejo que sentarse concienzudamente a analizar la situación y buscar soluciones integrales. No olviden, señores, que hacerlo hoy igualmente reporta buscar más dinero para gastar.

Pocas palabras

Desconcertante, por no decir otro calificativo, resultaron las declaraciones que diera el director del Ipapc, Fernando Rodríguez, con relación al tema de las continuas y asfixiantes colas que se forman en la autopista La Sorpresa-Muelles como consecuencia de las exigencias de documentos que hacen en la alcabala principal del instituto portuario al transporte de carga pesada.
Es obvio que es un derecho y un deber de las autoridades portuarias exigir los documentos que consideren pertinentes, necesarios u obligantes para que las gandolas tengan acceso a la zona primaria para cargar y posteriormente transportar mercancías a otros lugares del país, principalmente.
Hasta ahora no se han escuchado voces que planteen la posibilidad de disminuir las exigencias o de desaplicar procedimientos, por parte del Ipapc, en contribución a la anhelada desaparición de las interminables y agotadoras colas que no solo colapsan el centro de la ciudad sino que impiden cualquier traslado que se pretenda hacer hacia el centro o desde el centro a Dianca, Ince, Unefa, Borburata, Base Naval, Hospital Naval, lo que dejaron de Quizandal, Pequiven, Gañango o Patanemo.
Cuando se han hecho llamados de atención, por cualquier medio de comunicación social o de vida voz en las calles de Puerto Cabello, siempre se dice que se hace necesario tomar las medidas preventivas o los correctivos pertinentes para minimizar los efectos de las exigencias portuarias, jamás de ha dicho “dejen entrar a todo el mundo”.
Traigo esto a colación porque escuchar de un alto funcionario público a quien le compete el tema, como lo es Rodríguez, que se continuarán aplicando las medidas de control para entrar a la zona portuaria es natural, lo ilógico es que al momento de ser interrogado acerca de la continuación de las colas o de la posibilidad de cierre de las vías por parte de los conductores de los pesados vehículos haya respondido con el argumento de que ese problema no es del Ipapc.
Con todo respeto capitán Rodríguez es propicia la ocasión para recordarle que si los porteños actuamos de acuerdo a sus apreciaciones lo que no es nuestro problema es la manera como el Ipapc tiene que resolver el acceso a sus zonas. Los habitantes de esta tierra no estamos obligados a “calarnos” las colas que se formas solamente de lunes a jueves por exigencia de documentos en la alcabala principal por que los viernes parece que todo el mundo está legal o se quieren ir de descanso muy temprano porque ese día no se forman colas.
Quienes aquí vivimos no tenemos la obligación de aceptar cuanto atropello se le venga a gana, por parte de los gandoleros, por las bondades que ha mostrado el Ipapc en materia de ubicación de almacenadoras, control de seguridad física en las gandolas que transportan granos que dejan sucias y pestilentes toda la autopista.
Como buena empresa pública el Ipapc no puede olvidar que es su deber, en primer lugar, disponer de espacio para el estacionamiento de las gandolas que acuden a sus instalaciones.
En segundo lugar, y de mayor importancia, es la responsabilidad social que tiene el Ipapc con sus trabajadores. El instituto portuario no puede escurrir el bulto ni pretender taparse los ojos para no ver lo que ocurre a su alrededor, menos cuando las calamidades son de su autoría. Hay una máxima gerencial que establece que “No puede existir una empresa sana en un entorno enfermo”. A buen entendedor pocas palabras.