Gran expectativa, y preocupación a la vez, ha causado en la masa trabajadora porteña el futuro del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc). La inquietud comenzó desde el día en que se habló de la posibilidad de recentralizar o municipalizar los muelles.
Esas vertientes saltaron a la palestra pública cuando se produjo la célebre sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anuló el artículo 51 de la Ley General de Puertos, en medio del impasse entre los jerarcas de Fonporis, fondo creado por el Municipio Puerto Cabello para administrar los recursos del Ipapc que dicha ley le asignaba al gobierno local, y los máximos representantes del Ipapc, representados en aquel entonces por el contralmirante Carlos Aniasi Turchio, por el traspaso de otras “remesas” de dinero para cumplir algunos compromisos.
En esa oportunidad se dijo que una de las posibilidades que tenía el municipio para recuperar esa transferencia de recursos sería por intermedio de la recentralización del puerto para que el Gobierno nacional entregara directamente a Puerto Cabello lo que por justicia merece.
Al surgir esta idea casi inmediatamente se supo que el primer mandatario nacional tiene en su poder, mediante Ley Habilitante, la facultad de retomar el control de los puertos y aeropuertos del país por razones de estado, de seguridad y defensa nacional.
Sin embargo, los trabajadores que hacen vida dentro del instituto portuario, principalmente los que trabajan en las llamadas empresas de suministro de personal, las operadoras portuarias, los gandoleros y camioneros, los vendedores de alimentos, y otros que no pertenecen a la nómina del Ipapc atraviesan un serio estado de preocupación al no saber cuál será su futuro ante esas intenciones.
La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con un grupo de esos trabajadores y me manifestaron que han acudido a las más altas instancias de los poderes nacionales para denunciar las condiciones a las que están sometidos dentro de las paredes del Ipapc y a presentar su propuesta para la administración de los muelles de Puerto Cabello.
En cuanto a las condiciones de trabajo expresaron que se sienten burlados por algunos empresarios que no les cumplen con los beneficios que consagra la Ley Orgánica del Trabajo y que únicamente se dedican a simple negocio capitalista, sin tomar en cuenta al trabajador. Hablaron, entre otras cosas, de fallas en el sistema de seguridad industrial, sobretodo en los momentos de carga y descarga de busques; inseguridad en el traslado y caídas de contenedores lo que pone en riesgo la vida de esos trabajadores, incluso se atrevieron a afirmar que semanalmente se suceden alrededor de 20 incidentes con contenedores en los muelles.
Con referencia a la propuesta administrativa, los trabajadores le presentaron al gobierno nacional la idea de constituir una Empresa de Producción Social de capital mixto, tipo Invepal, para que el instituto portuario sea manejado por el Estado y los trabajadores, como una vía para satisfacer los reclamos y cumplir con los derechos de la masa laboral y para garantizar al estado el cabal manejo administrativos de los miles de millones de bolívares que produce Puerto Cabello.
Es propicio destacar que los señalamientos hechos por los trabajadores, acerca de la incorrecta actuación de algunos empresarios portuarios, es de vieja data. En años anteriores conocimos de la disparidad entre el cobro que realizan esas empresas al Ipapc, a las navieras o a los armadores por el servicio que prestan y la cantidad de dinero que pagan a los trabajadores por esa mano de obra. Con el cambio de gestión muchos creíamos que todo había cambiado.
En lo relativo a la Empresa de Producción Social que plantean, es una buena alternativa para hacer efectivo el derecho protagónico que establece la Constitucional Nacional para las grandes decisiones y el desarrollo futuro de las comunidades.
Por intermedio de esa figura, el estado venezolano pudiera garantizarse el manejo pulcro del dinero, visto que los trabajadores además de socios serán los primeros vigilantes de las inversiones y gastos que se realicen. Además, los trabajadores portuarios, todos, tendrán, acceso y representación en el órgano que tomas las decisiones en materia portuaria.
Empresa de Producción Social también es una garantía para que la administración y el uso de los recursos económicos que genera el Ipapc se queden en Puerto Cabello, que al final de las cuentas es el más perjudicado por los efectos de esas tareas portuarias, y no agarren otros caminos, ni los verdes ni los valencianos.
Los trabajadores portuarios deben trabajar más por la unidad y por organizarse para que puedan tener la fuerza necesaria y suficiente para sostener sus propuestas. Divididos corren el riesgo de no ser escuchados, unidos vencerán.
