Vista la actuación de la vigente Asamblea Nacional no pocos venezolanos se preguntan de qué o para qué sirve elegir un nuevo Poder Legislativo, siendo que en los últimos tiempos solo ha servido para aprobar o avalar lo que les envían “empaquetado” desde el Ejecutivo.
De acuerdo a lo consagrado en la Constitución Nacional, vigente, corresponde al parlamento nacional la tarea de legislar, controlar y vigilar las actuaciones de los otros poderes públicos, principalmente las acciones del ejecutivo, en aras de garantizar la justicia, equidad y preservar los altos intereses de la nación.
Los venezolanos de hoy confrontamos una serie, o mejor una larga lista, de problemas que afectan la calidad de vida, tranquilidad y paz que tiene como responsabilidades el Gobierno. Inseguridad disparada, apagones a diario, malos servicios públicos, desempleo galopante, inflación asfixiante, desabastecimiento, corrupción, alimentos descompuestos, entre otros vicios, marcan el día a día de Venezuela.
Los interesados en mantener el “status quo” dirán que la AN no tiene competencia para resolver esos problemas. Seguro tendrán razón. Pero tampoco pueden negar que si hubiese existido un poder legislativo diligente, responsable, dedicado a sus tareas y obligaciones, afectivamente conectado con el pueblo y eficiente muchos de esos males no existiesen.
Para el caso más bochornoso de los últimos meses, Alimentos Podridos, si hubiésemos contado con verdaderos parlamentarios se habrían revisado las órdenes de compra e importación de comida, su llegada a los puertos, la nacionalización, distribución y comercialización. Es decir, se hubiera garantizado su llegada a los más necesitados. Pero NO, los parlamentarios se dedicaron a cerrar los ojos ante lo que ocurría en el país y solo mostraron interés en aplaudir a rabiar los mandados que les encomendaron.
Unido a ese tema, si la Asamblea Nacional se hubiese preocupado porque el Gobierno Nacional convirtiera en eficiente sus canales de distribución de alimentos, como Mercal y Pdval, antes de echarle mano a grandes cadenas de hipermercados y supermercados, los alimentos quizá habrían llegado al pueblo. Pero tampoco se ocuparon de esto sino que se limitaron a alzar los dos brazos para aprobar acuerdos “contra la conspiración alimentaria”.
Con solo listar dos casos se demuestra que la AN sí tiene competencia para resolver y evitar se presenten esos problemas: haciendo uso de su facultad investigativa y contralora. Un parlamento serio ya hubiese interpelado varias veces a los ministros de Energía y Petróleo, Alimentación, Obras Públicas (extinto), y todos los funcionarios que tengan que ver con el sector oficial de alimentos. No lo hacen porque pretenden venderlo como una conspiración contra la revolución y no como el combate a la corrupción.
Por ello, es necesario un parlamento que controle la gestión del Gobierno central. Que sin miedo ni sed de venganza se preocupe por las ejecutorias de las políticas públicas. Que se interne en el entramado del actual burocratismo para hacer que los beneficios lleguen a quien más lo necesite. Requerimos de una Asamblea Nacional que no le tiemble el pulso para citar a altos funcionarios públicos y hacerlos corregir cuando tengan fallas y a responder cuando estén atrasados. Para eso es que sirve la Asamblea Nacional: para que esté pendiente de las necesidades del pueblo y reclame acciones efectivas en el ámbito del poder nacional.
