Definitivamente está tomada la decisión de regresar el control de los muelles porteños a Caracas. Lo que venía siendo un comentario en voz baja y una propuesta de los trabajadores fue confirmada por el mandatario regional Luis Felipe Acosta Carles: Más temprano que tarde el Ejecutivo Nacional asumirá el control de todos los puertos del país, por razones de Estado, para incrementar la productividad y en algunos casos para hacer valer los derechos de los trabajadores, quedando de esa manera descartada de plano la posibilidad de municipalizar el Terminal marítimo más importante del país.
Puerto Cabello ha probado las “mieles” de los dos tipos de administración portuaria. En tiempos del fenecido Instituto Nacional de Puertos (INP) fue común ver la bonanza que vivió el municipio, lo que produjo crecimiento en el sector comercio, progresión que se vino al traste cuando se produjo la regionalización y surgió entonces lo que hoy conocemos como Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, Ipapc.
Ambas maneras de administrar han recibido críticas muy fuertes en cuanto al estilo de manejo de las relaciones laborales. El extinto INP fue duramente cuestionado por el altísimo plantel de trabajadores que tenía, que según algunos expertos lo convirtieron en un elefante blanco, de corruptelas, trampas y todo tipo de vicios. Esas dolencias fueron supuestamente subsanadas “sanamente” con el despido de más de 8 mil trabajadores, muchos de los cuales no recibieron la contraprestación debida por sus años de servicio y aún están a la espera del dinero que les adeudan.
La modernidad que nos vendió el Ipapc, al momento de ser creado por el ex gobernador Henrique Salas Römer también quedó desvirtuada con las denuncias de la llegada de varios autobuses cargados con personas habitantes de Valencia que pasaron a engrosar la nómina del instituto, burlando de esa forma el creciente desempleo que dejó el INP en Puerto Cabello luego de su liquidación.
Incluso, si se promedia la representación de “porteños” dentro de los grandes cargos o directiva del Ipapc a lo largo de su existencia no llegará ni a la cuarta parte de la representación de la llamada Valencianidad, beneficio, o igualdad como dirán algunos, que no hemos ganado los porteños en las instituciones, organismos e institutos asentados en la capital del estado.
Pese a los cambios de jefatura, ocasionados por políticas gubernamentales y las elecciones, la situación dentro del Ipapc continúa siendo la misma: muchos trabajadores venidos de otros lugares, incumplimiento de las medidas de seguridad y violación de los derechos laborales por parte de las empresas contratistas y operadoras portuarias, por sólo mencionar algunos de los defectos. Los cambios de mando no hicieron más que acrecentar el largo rosario de problemas que atraviesan los trabajadores.
Por otro lado, el Municipio no ha escapado a los efectos dañinos de la actividad portuaria, de la que jamás podrá escaparse. Tanto antes como ahora la ciudad vive un deterioro inmenso en su infraestructura de servicios públicos y en la calidad de vida como consecuencia del afortunado crecimiento del paso de las gandolas que entran y salen del puerto local para llevar el progreso a otras regiones del país y nuestros productos a otras latitudes.
La tan peleada Ley General de Puertos hizo intentos por tratar de revertir económicamente en obras, el daño que se ocasionan a los municipios que sirven de asientos a los puertos, pero como siempre el pueblo paga los errores que otros cometen y esa transferencia que ordenaba la citada ley no se cumplió. No hace mucho tiempo llegó a hablarse incluso de hasta demandas de la Gobernación contra la Alcaldía para que se aclarase cómo se manejaron los recursos, acción que no llegó a concretarse por el acuerdo en que llegaron las partes y por el ofrecimiento del ahora ex presidente Ángel Salas de transferir lo que se debía, promesa por cierto que no se cumplió.
Vistas todas estas realidades, el nuevo estilo de manejar la administración que va a diseñar el Gobierno nacional debe tomar en cuenta a los trabajadores portuarios para que de una vez por todas sean respetados su derechos laborales; de igual manera debe tomarse en cuenta a Puerto Cabello por los perjuicios que ocasiona ser una ciudad portuaria. Ambos escenarios deben ser solucionados de la manera más idónea por el bien de todos.
La propuesta de los trabajadores de conformar una Empresa de Producción Social de cogestión, al estilo Invepal, es una idea que debería ser debatida seriamente por el gobierno y por todos los sectores, eso sí, dejando claramente establecido que ninguna de las partes aceptaría la llegada de un exótico ejecutivo que lejos de solventar las dificultades existentes se la pase diciendo mentiras, engañando frescamente a todos a nombre del Presidente, eso no puede volverse a tolerar.
