La ciudad continúa silente ante la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, en torno a la Ley General de Puertos. Las autoridades municipales han hecho varias reuniones de trabajo para analizar el caso de la anulación del artículo 51 de la citada ley, sin embargo no ha habido intentos de movilizaciones, debates ni foros públicos en los que se le informe al pueblo porteño los alcances y las consecuencias del pronunciamiento de la Sala Constitucional.
El silencio del común de la gente pareciera querer demostrar que muy pocos están interesados en el tema, por desconocimiento o simplemente que no se sienten identificados con la defensa de los recursos.- Esta última tendencia es la más grave pues si el dinero que aportaba el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello al municipio fue utilizado en beneficiar a la colectividad, en mejorar la calidad de vida, los servicios públicos y la infraestructura del municipio, muchos deberían ser los dolientes.
La incidencia de los muelles en la infraestructura local es conocida por todos, y hartamente expresada en los medios de comunicación social, por ello es necesario recordar que el tema es de interés público por lo que todos los sectores de la población están llamados no sólo a pronunciarse, sino a levantar las banderas de defensa de la ciudad.
Puerto Cabello es el único municipio en el ámbito nacional que resultó perjudicado por la decisión tribunalicia. Los demás municipios donde existen muelles, la administración de los puertos está en manos de empresas privadas que por intermedio de concesiones se encargan de su manejo. De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Puertos, esas empresas deben cancelar al Fisco Municipal de la jurisdicción el correspondiente impuesto municipal por actividades económicas, con una alícuota que no excederá el 12.5% de sus ingresos brutos.
Precisamente ese era el aporte que el artículo 51 estableció en los casos en que la administración portuaria quedase en manos del estado, bajo la figura de Institutos Autónomos.
La transferencia o no de los recursos económicos no debe ser el punto central de la discusión. Por el contrario, no debería importar quién administra, si el dinero es utilizado en obras que redunden en beneficio del colectivo. La verdadera lucha debe ser por dejar claramente establecido, en la instancia que sea, que es una razón de JUSTICIA que Puerto Cabello reciba no el 12.5% de los ingresos del Ipapc, sino más de esa cantidad, para que sean invertidos en resarcir el natural daño que el uso del puerto genera en las calles, avenidas, puentes, ambiente y calidad de vida de quienes aquí habitamos.
Respeto la tesis de pedir la recentralización del puerto como el mecanismo más seguro para que ese aporte se invierta en Puerto Cabello. Pero, todos recordamos la dura lucha que se libró en pos de la descentralización y las duras críticas que se hicieron a los jerarcas que venidos de otras latitudes ejercían la máxima dirección del fenecido Instituto Nacional de Puertos.
Ahora recibimos la información de la posibilidad de un acuerdo entre la alcaldía y el Ipapc para la transferencia de los recursos que se adeudan, lo que sin duda es una excelente noticia para las comunidades que serán beneficiadas con las obras que se presupuestaron para ser ejecutadas este año con ese dinero. Pero, recuerden ahí no debería terminar el reclamo.
Finalmente, con respecto a Fonporis, organismo municipal creado para manejar los recursos aportados por el Ipapc, es propicio reiterar la recomendación arriba señalada: que reúnan a las comunidades que fueron favorecidas con las obras que se ejecutaron, con los dineros que manejaron y sean ellas los vivos ejemplos de la pertinencia del aporte en reclamo.
El silencio del común de la gente pareciera querer demostrar que muy pocos están interesados en el tema, por desconocimiento o simplemente que no se sienten identificados con la defensa de los recursos.- Esta última tendencia es la más grave pues si el dinero que aportaba el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello al municipio fue utilizado en beneficiar a la colectividad, en mejorar la calidad de vida, los servicios públicos y la infraestructura del municipio, muchos deberían ser los dolientes.
La incidencia de los muelles en la infraestructura local es conocida por todos, y hartamente expresada en los medios de comunicación social, por ello es necesario recordar que el tema es de interés público por lo que todos los sectores de la población están llamados no sólo a pronunciarse, sino a levantar las banderas de defensa de la ciudad.
Puerto Cabello es el único municipio en el ámbito nacional que resultó perjudicado por la decisión tribunalicia. Los demás municipios donde existen muelles, la administración de los puertos está en manos de empresas privadas que por intermedio de concesiones se encargan de su manejo. De acuerdo al artículo 50 de la Ley de Puertos, esas empresas deben cancelar al Fisco Municipal de la jurisdicción el correspondiente impuesto municipal por actividades económicas, con una alícuota que no excederá el 12.5% de sus ingresos brutos.
Precisamente ese era el aporte que el artículo 51 estableció en los casos en que la administración portuaria quedase en manos del estado, bajo la figura de Institutos Autónomos.
La transferencia o no de los recursos económicos no debe ser el punto central de la discusión. Por el contrario, no debería importar quién administra, si el dinero es utilizado en obras que redunden en beneficio del colectivo. La verdadera lucha debe ser por dejar claramente establecido, en la instancia que sea, que es una razón de JUSTICIA que Puerto Cabello reciba no el 12.5% de los ingresos del Ipapc, sino más de esa cantidad, para que sean invertidos en resarcir el natural daño que el uso del puerto genera en las calles, avenidas, puentes, ambiente y calidad de vida de quienes aquí habitamos.
Respeto la tesis de pedir la recentralización del puerto como el mecanismo más seguro para que ese aporte se invierta en Puerto Cabello. Pero, todos recordamos la dura lucha que se libró en pos de la descentralización y las duras críticas que se hicieron a los jerarcas que venidos de otras latitudes ejercían la máxima dirección del fenecido Instituto Nacional de Puertos.
Ahora recibimos la información de la posibilidad de un acuerdo entre la alcaldía y el Ipapc para la transferencia de los recursos que se adeudan, lo que sin duda es una excelente noticia para las comunidades que serán beneficiadas con las obras que se presupuestaron para ser ejecutadas este año con ese dinero. Pero, recuerden ahí no debería terminar el reclamo.
Finalmente, con respecto a Fonporis, organismo municipal creado para manejar los recursos aportados por el Ipapc, es propicio reiterar la recomendación arriba señalada: que reúnan a las comunidades que fueron favorecidas con las obras que se ejecutaron, con los dineros que manejaron y sean ellas los vivos ejemplos de la pertinencia del aporte en reclamo.
