¿Por qué el desespero?

Totalmente desproporcionada ha sido la actuación del Concejo Municipal de Puerto Cabello en el caso de la adquisición de un edificio de apartamentos para transformarlo en uno de oficina. Una vez más reitero que el Ayuntamiento está en todo su derecho de adquirir una sede para ejercer sus funciones, aunque no me termino de convencer del valor de la transacción, pero es completamente criticable la forma como hace ejercer su autoridad en contra de los inquilinos del edificio.
En días pasados ocurrió un caso que raya en la vulgaridad, un atropello evidente no sólo a la privacidad que tenemos todos los ciudadanos que habitamos en este planeta, sino que se constituyó en un hecho que ligeramente pudo haberse catalogado como un robo, si no estuvieran sucediendo algunas situaciones.
Resulta que de manera sorpresiva a uno de los apartamentos del famoso edificio penetraron dos hombres que con llaves en mano comenzaron a hacer mediciones para las reparaciones que necesitan para convertir la sala, la cocina, las dos habitaciones, el baño y el patio en unas modernas oficinas.
Lo grave del asunto es que dentro de una de las habitaciones estaban descansando plácidamente, después del almuerzo, una familia que quedó aterrorizada al constatar que personas “extrañas” tienen las llaves del apartamento y que pueden entrar cuando quieran pues son funcionarios del Concejo Municipal y nuevos propietarios del edificio.
Afortunadamente el hecho fue subsanado con la explicación de los dos trabajadores, quienes por cierto también quedaron sorprendidos al ver que en el apartamento habían inquilinos. A quienes ordenaron a los trabajadores entrar a los apartamentos poco les interesó revisar el estado en que se encuentra el edificio, imaginemos por un instante qué hubiese pasado si en vez de estar durmiendo cualquiera de los integrantes de esa familia hubiese estado en el baño o si uno de los inquilinos portara un arma de fuego ¿qué hubiese pasado?
Esta actitud del Concejo Municipal de Puerto Cabello, o de quien haya dado la orden, viola flagrantemente lo estipulado en el artículo 20 del DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS el cual establece “Si durante la relación arrendaticia, por cualquier causa, el inmueble arrendado pasare a ser propiedad de una persona distinta del propietario-arrendador, el nuevo propietario estará obligado a respetar la relación arrendaticia en los mismos términos pactados, y las acciones relativas a la terminación de la relación arrendaticia sobre el inmueble sólo podrán tramitarse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley”.
Sigue resultando a todas luces increíble que el Concejo Municipal haya adquirido una edificación habilitada para viviendas para transformarla, usando el dinero del pueblo que muy bien pudiera invertirse en otra necesidad, y hacer uso de ella como un complejo de oficinas. Nadie puede creer que en Puerto Cabello no existan unas instalaciones que estén en capacidad de albergar las arduas tareas de los concejales, totalmente acondicionadas como oficinas, sin que tenga que mediar la conversión o transformación que ahora requieren.
Saquemos una cuenta, como se dice popularmente a vuelo de pájaro: si el edificio tiene cuatro pisos habitables y costó la bicoca de 1.600 millones de bolívares, eso significa que cada piso tiene un valor de 400 millones de bolívares, es decir, el local donde funciona una conocida venta de repuestos cuesta 400 millones de bolívares, al igual que la sala de fiestas que está en el tercer piso; mientras que cada uno de los cuatro apartamentos cuesta 200 millones de bolívares, puesto que hay dos por cada piso. ¡Imagínense el costo de esos apartamentos en Cumboto Norte o Sur! Esto sin hablar del famoso estacionamiento. Apenas caben cuatro o cinco carros pegaditos y el que entre de primero tiene que esperar que los demás salgan para poder salir porque no fue hecho para que entren los 12 carros que dice el presidente del Concejo.
Insisto, una vez más, para no herir susceptibilidades ni para que se tomen del cabello aquellos funcionarios con piel de gallina: si la compra es legal, si no hay nada que esconder, si todo está más claro que el agua, entonces ¿por qué razón no actúan por el camino legal? Lo lógico es que hubiesen comprado ese edificio, si es el que más les gusta, sin ningún inquilino y transformarlo como mejor les plazca, y en caso de haber inquilinos, como los hay, denle el plazo que ordena la ley para la desocupación, por qué el atropello, o mejor dicho: ¿Por qué el desespero? ¿Será que el tiempo los asfixia?