El fracaso de los proyectos

Muchas personas se me han acercado para hacerme llegar su preocupación por algunos proyectos de obras, otros de servicios y otros tantos “de progreso”, que lamentablemente no han sido ejecutados en Puerto Cabello. También les causa malestar que muy pocos proyectos han comenzado a ser ejecutados pero lamentablemente se quedan en el aparato, como se dice en el argot popular.

La dinámica del proceso de la administración pública, a todo nivel, requiere que se dedique mucho tiempo a la planificación como una vía segura a encontrar soluciones a los tantos problemas que azotan a las comunidades. La tarea de “pensar en grande” se debe esencialmente a que cuando se va a acometer alguna obra o se va a iniciar la prestación de cualquier servicio, en este caso público, debe haberse sopesado todos los escenarios posibles que pudieran presentarse, para optimizar la intención del ente público y tener a la mano la mejor decisión para su implementación.

Sin embargo, es común observar que en muchos casos el proceso de planificación se ve infectado por los intereses y apetencias personales que dan al traste de algunas de las etapas que deben cumplirse, lo que se traduce lamentablemente en perjuicio paras las comunidades que inocentemente creyeron en sus “cantos de sirena” como soluciones.

Son muchas las ocasiones en que los anteproyectos, o los mismos proyectos, responden a la intención de la persona que los ideó sin tomar en cuenta las realidades o las necesidades de la población. Es bueno aclarar que aunque por mandato constitucional y legal toda planificación debe ser consultada con los potenciales beneficiarios, pero tristemente algunos personeros se establecen primero sus apetencias y las traducen en posibles temas o soluciones que luego son presentadas de manera soterrada para la aprobación de los incautos que luego de presentar sus puntos de vistas en mesas de trabajo interminables, se dan cuenta que sus opiniones quedaron relegadas a los últimos puestos de la lista de prioridades. Esta trampa ocasiona inexorablemente el desapego de las comunidades con los trabajos que vayan a iniciarse pues no se sienten representados ni compenetrados con el proyecto en cuestión por haber sido concebido por una mentalidad divorciada de sus realidades.

Otro error que se comete, y en mayor volumen, es en el proceso de ejecución de los proyectos. En primer lugar, si se trata de una obra siempre está latente la ambición de los contratistas que anteponen sus apetencias económicas al compromiso social de solventar el problema que se ataca con ese proyecto. Los casos más comunes los vemos en la utilización de materiales de baja o mala calidad con la mirada puesta en elevar los niveles de ganancias, sin importar que a los pocos días los trabajos queden completamente destruidos. Igualmente se presentan casos en los que el transcurrir del tiempo se consume todo el dinero que ha sido presupuestado y la obra queda inconclusa por lo que toman la vía más fácil: inventar “etapas” para inyectarle más presupuesto. La inmensa mayoría de las veces las verdaderas justificaciones de esa solicitud de nuevos recursos económicos es el gran interés de desangrar el erario público.

En ambos casos el elemento de la corrupción está presente de manera relevante. En primer término porque se piensa la realización de un trabajo para enriquecer las cuentas bancarias de alguien y se comienza un supuesto trabajo de planificación, por consulta pública, que no es más que la máscara que se emplea para avalar las ideas de ese voraz funcionario, y en el segundo caso porque se buscan todos los subterfugios posibles para crear en una obra tantas etapas como dinero deseen.

Pero el verdadero común denominador de todas esas “trampas” es la incapacidad. Incapacidad de algunos funcionarios ejecutar los proyectos que él mismo impulsó, sea porque no es planificador, como se hace llamar, sino que se dedica a robar las ideas de otros para hacerse una supuesta plataforma pero que a la hora de demostrar sus cualidades profesionales se queda mirando al cielo y se esconde porque no acepta su realidad. Incapacidad para aceptar que sus supuestas ideas no son las únicas que existen en la tierra, ni tampoco es el único que puede llevar adelante una tarea. Incapacidad para ejecutar correctamente la etapa de control del proyecto por dos sencillas razones: Porque el proyecto no es propio sino que se lo robó a otra persona y por eso no sabe cómo ejecutarlo, y en segundo lugar porque cuando está empezando a entenderlo le estampa el sello de la corrupción por todos lados. ¿Sabe usted, amigo lector, cuántos proyectos fantasiosos no llegan a ejecutarse porque son una vil mentira o porque están impregnados de corrupción?

Inseguridad: Sabemos quienes nos engañan

Pese a los grandes esfuerzos que dicen realizar las autoridades encargadas de velar por la seguridad y la integridad física en Venezuela, continúa el baño de sangre en diversos puntos del país y sobretodo en Puerto Cabello, municipio donde la criminalidad ha alcanzado niveles de tal magnitud que en varias oportunidades hemos pasado a liderar las estadísticas rojas al finalizar los fines de semana en el estado Carabobo.

A diario, a toda hora, en cualquier sector de la ciudad se sabe de las actuaciones de la delincuencia que no se amedrenta ante las pronunciados actos de combate ofrecidos por los órganos de seguridad del Estado. Por el contrario, el hampa anda haciendo de las suyas por las distintas calles, avenidas, barrios y urbanizaciones del otrora apacible Puerto Cabello sin importarles, obviamente, la imagen que reflejamos ante el resto del país, lo que ahuyenta no sólo a quienes piensan en venir a esta zona para tomar algún descanso sino que aleja a los inversionistas.

La crisis de inseguridad que atraviesa Venezuela debe ser atendida eficiente y eficazmente por todos los sectores de la sociedad, sin importar el rango constitucional o administrativo que se tenga, ni los niveles de competencia (o de incompetencia como diría Petter) que tengo autoridad alguna en materia de brindar seguridad a la población.

La seguridad es un tema que atraviesa transversalmente a todos los niveles de gobierno y a la sociedad civil. Nadie que habite en este territorio (léase nacional, regional o local) puede hacerse el loco ate el auge delictivo y decir alegremente que eso no es materia de su competencia. Tampoco podemos quedarnos callados y menos de brazos cruzados quienes no ejercemos funciones públicas para dejar toda la carga de esta vital materia a los gobiernos, todos debemos aportar nuestro granito de arena en la búsqueda de soluciones a este problema y en la ejecución de las estrategias que sean diseñadas para minimizarlo.

Desde hace mucho tiempo se viene hablando de “tomar el toro por los cachos”, ofreciéndose como primer eslabón para acabar con la inseguridad depurar los cuerpos policiales, seguido de mayor dotación para las policías, el establecimiento de los recordados comandos policiales unificados, los operativos mixtos policía-militares, celeridad en los tribunales, cumplimiento de los mandatos legales, aplicación de penas ejemplarizantes, pero nada de nada. Hoy lo que vemos en las calles es sangre, tiros, robos, asaltos, secuestros, violaciones, por solo decir los que causan conmoción pública, mientras los encargados de velar por el mejoramiento de la calidad de vida siguen empeñados en reunirse para buscarle una solución que necesita acción más allá de los debates.

Esas fulanas reuniones, insisto, no sirve más que de pantallerías, para hacer creer a la población que están preocupados y trabajando para solventar la situación de inseguridad y otros problemas, son reuniones en las que se cae a embustes ofreciendo colaboraciones, apoyos logísticos, tácticos y económicos, que nunca llegan a concretarse hasta que vuelven a reunirse llamados por algún caso de relevancia que amerite sus supuestas preocupaciones.

Basta con hacer una revisión ligera de la prensa de los últimos seis meses para darse cuenta del fracaso que representan las reuniones de trabajo para solventar alguna anormalidad. Busque usted amigo lector tres o cuatro periódicos y revise la cantidad de problemas que tratan de ser solucionados con reuniones para que se cerciore de lo que le estoy diciendo: continúa la inseguridad, la pornografía infantil, la deserción escolar, la crisis de agua, la falta de medicamentos, la especulación, el acaparamiento, el desempleo, etc.

La inseguridad no se resuelve con reuniones, ni echándole la culpa a los demás, hay que tomar decisiones y ejercer acciones de inmediato: dotar los cuerpos policiales, realizar operativos continuos, afinar los trabajos de inteligencia, estar permanentemente en la calle, los expertos en el tema saben lo que tienen que hacer, así como conocen lo que están haciendo para no minimizar los altos índices de inseguridad. Todos estamos consientes del rol que tenemos, todos sabemos lo que estamos haciendo, todos sabemos quienes nos están mintiendo.

Chao Ipapc

Definitivamente está tomada la decisión de regresar el control de los muelles porteños a Caracas. Lo que venía siendo un comentario en voz baja y una propuesta de los trabajadores fue confirmada por el mandatario regional Luis Felipe Acosta Carles: Más temprano que tarde el Ejecutivo Nacional asumirá el control de todos los puertos del país, por razones de Estado, para incrementar la productividad y en algunos casos para hacer valer los derechos de los trabajadores, quedando de esa manera descartada de plano la posibilidad de municipalizar el Terminal marítimo más importante del país.

Puerto Cabello ha probado las “mieles” de los dos tipos de administración portuaria. En tiempos del fenecido Instituto Nacional de Puertos (INP) fue común ver la bonanza que vivió el municipio, lo que produjo crecimiento en el sector comercio, progresión que se vino al traste cuando se produjo la regionalización y surgió entonces lo que hoy conocemos como Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello, Ipapc.

Ambas maneras de administrar han recibido críticas muy fuertes en cuanto al estilo de manejo de las relaciones laborales. El extinto INP fue duramente cuestionado por el altísimo plantel de trabajadores que tenía, que según algunos expertos lo convirtieron en un elefante blanco, de corruptelas, trampas y todo tipo de vicios. Esas dolencias fueron supuestamente subsanadas “sanamente” con el despido de más de 8 mil trabajadores, muchos de los cuales no recibieron la contraprestación debida por sus años de servicio y aún están a la espera del dinero que les adeudan.

La modernidad que nos vendió el Ipapc, al momento de ser creado por el ex gobernador Henrique Salas Römer también quedó desvirtuada con las denuncias de la llegada de varios autobuses cargados con personas habitantes de Valencia que pasaron a engrosar la nómina del instituto, burlando de esa forma el creciente desempleo que dejó el INP en Puerto Cabello luego de su liquidación.

Incluso, si se promedia la representación de “porteños” dentro de los grandes cargos o directiva del Ipapc a lo largo de su existencia no llegará ni a la cuarta parte de la representación de la llamada Valencianidad, beneficio, o igualdad como dirán algunos, que no hemos ganado los porteños en las instituciones, organismos e institutos asentados en la capital del estado.

Pese a los cambios de jefatura, ocasionados por políticas gubernamentales y las elecciones, la situación dentro del Ipapc continúa siendo la misma: muchos trabajadores venidos de otros lugares, incumplimiento de las medidas de seguridad y violación de los derechos laborales por parte de las empresas contratistas y operadoras portuarias, por sólo mencionar algunos de los defectos. Los cambios de mando no hicieron más que acrecentar el largo rosario de problemas que atraviesan los trabajadores.

Por otro lado, el Municipio no ha escapado a los efectos dañinos de la actividad portuaria, de la que jamás podrá escaparse. Tanto antes como ahora la ciudad vive un deterioro inmenso en su infraestructura de servicios públicos y en la calidad de vida como consecuencia del afortunado crecimiento del paso de las gandolas que entran y salen del puerto local para llevar el progreso a otras regiones del país y nuestros productos a otras latitudes.

La tan peleada Ley General de Puertos hizo intentos por tratar de revertir económicamente en obras, el daño que se ocasionan a los municipios que sirven de asientos a los puertos, pero como siempre el pueblo paga los errores que otros cometen y esa transferencia que ordenaba la citada ley no se cumplió. No hace mucho tiempo llegó a hablarse incluso de hasta demandas de la Gobernación contra la Alcaldía para que se aclarase cómo se manejaron los recursos, acción que no llegó a concretarse por el acuerdo en que llegaron las partes y por el ofrecimiento del ahora ex presidente Ángel Salas de transferir lo que se debía, promesa por cierto que no se cumplió.

Vistas todas estas realidades, el nuevo estilo de manejar la administración que va a diseñar el Gobierno nacional debe tomar en cuenta a los trabajadores portuarios para que de una vez por todas sean respetados su derechos laborales; de igual manera debe tomarse en cuenta a Puerto Cabello por los perjuicios que ocasiona ser una ciudad portuaria. Ambos escenarios deben ser solucionados de la manera más idónea por el bien de todos.

La propuesta de los trabajadores de conformar una Empresa de Producción Social de cogestión, al estilo Invepal, es una idea que debería ser debatida seriamente por el gobierno y por todos los sectores, eso sí, dejando claramente establecido que ninguna de las partes aceptaría la llegada de un exótico ejecutivo que lejos de solventar las dificultades existentes se la pase diciendo mentiras, engañando frescamente a todos a nombre del Presidente, eso no puede volverse a tolerar.

Trabajadores portuarios preocupados

Gran expectativa, y preocupación a la vez, ha causado en la masa trabajadora porteña el futuro del Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello (Ipapc). La inquietud comenzó desde el día en que se habló de la posibilidad de recentralizar o municipalizar los muelles.

Esas vertientes saltaron a la palestra pública cuando se produjo la célebre sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que anuló el artículo 51 de la Ley General de Puertos, en medio del impasse entre los jerarcas de Fonporis, fondo creado por el Municipio Puerto Cabello para administrar los recursos del Ipapc que dicha ley le asignaba al gobierno local, y los máximos representantes del Ipapc, representados en aquel entonces por el contralmirante Carlos Aniasi Turchio, por el traspaso de otras “remesas” de dinero para cumplir algunos compromisos.

En esa oportunidad se dijo que una de las posibilidades que tenía el municipio para recuperar esa transferencia de recursos sería por intermedio de la recentralización del puerto para que el Gobierno nacional entregara directamente a Puerto Cabello lo que por justicia merece.

Al surgir esta idea casi inmediatamente se supo que el primer mandatario nacional tiene en su poder, mediante Ley Habilitante, la facultad de retomar el control de los puertos y aeropuertos del país por razones de estado, de seguridad y defensa nacional.

Sin embargo, los trabajadores que hacen vida dentro del instituto portuario, principalmente los que trabajan en las llamadas empresas de suministro de personal, las operadoras portuarias, los gandoleros y camioneros, los vendedores de alimentos, y otros que no pertenecen a la nómina del Ipapc atraviesan un serio estado de preocupación al no saber cuál será su futuro ante esas intenciones.

La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con un grupo de esos trabajadores y me manifestaron que han acudido a las más altas instancias de los poderes nacionales para denunciar las condiciones a las que están sometidos dentro de las paredes del Ipapc y a presentar su propuesta para la administración de los muelles de Puerto Cabello.

En cuanto a las condiciones de trabajo expresaron que se sienten burlados por algunos empresarios que no les cumplen con los beneficios que consagra la Ley Orgánica del Trabajo y que únicamente se dedican a simple negocio capitalista, sin tomar en cuenta al trabajador. Hablaron, entre otras cosas, de fallas en el sistema de seguridad industrial, sobretodo en los momentos de carga y descarga de busques; inseguridad en el traslado y caídas de contenedores lo que pone en riesgo la vida de esos trabajadores, incluso se atrevieron a afirmar que semanalmente se suceden alrededor de 20 incidentes con contenedores en los muelles.

Con referencia a la propuesta administrativa, los trabajadores le presentaron al gobierno nacional la idea de constituir una Empresa de Producción Social de capital mixto, tipo Invepal, para que el instituto portuario sea manejado por el Estado y los trabajadores, como una vía para satisfacer los reclamos y cumplir con los derechos de la masa laboral y para garantizar al estado el cabal manejo administrativos de los miles de millones de bolívares que produce Puerto Cabello.

Es propicio destacar que los señalamientos hechos por los trabajadores, acerca de la incorrecta actuación de algunos empresarios portuarios, es de vieja data. En años anteriores conocimos de la disparidad entre el cobro que realizan esas empresas al Ipapc, a las navieras o a los armadores por el servicio que prestan y la cantidad de dinero que pagan a los trabajadores por esa mano de obra. Con el cambio de gestión muchos creíamos que todo había cambiado.

En lo relativo a la Empresa de Producción Social que plantean, es una buena alternativa para hacer efectivo el derecho protagónico que establece la Constitucional Nacional para las grandes decisiones y el desarrollo futuro de las comunidades.

Por intermedio de esa figura, el estado venezolano pudiera garantizarse el manejo pulcro del dinero, visto que los trabajadores además de socios serán los primeros vigilantes de las inversiones y gastos que se realicen. Además, los trabajadores portuarios, todos, tendrán, acceso y representación en el órgano que tomas las decisiones en materia portuaria.

Empresa de Producción Social también es una garantía para que la administración y el uso de los recursos económicos que genera el Ipapc se queden en Puerto Cabello, que al final de las cuentas es el más perjudicado por los efectos de esas tareas portuarias, y no agarren otros caminos, ni los verdes ni los valencianos.

Los trabajadores portuarios deben trabajar más por la unidad y por organizarse para que puedan tener la fuerza necesaria y suficiente para sostener sus propuestas. Divididos corren el riesgo de no ser escuchados, unidos vencerán.